Reforman Constitución de la República Dominicana

La Carta Magna fue modificada respecto al mandato presidencial, a cuestiones del Congreso, electorales y judiciales

Santo Domingo, República Dominicana. La Asamblea Nacional proclamó este domingo de manera oficial la nueva Constitución, que fue modificada respecto al mandato presidencial, cuestiones congresuales, electorales y judiciales.

La parlamento dominicano proclamó hoy la reformada Constitución de la República Dominicana en un acto desarrollado en el Congreso, encabezado por el presidente del país, Luis Abinader.

Junto al mandatario, y los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, fue promulgada la Carta Magna.

Durante su discurso, el mandatario Abinader manifestó que “la Constitución no es solo un conjunto de palabras técnicas sobre un papel, pues es el alma de nuestro pueblo”.

En este sentido, acentuó que los cambios anunciados representan una visión de justicia, paz y estabilidad, orientados a fortalecer la confianza en las instituciones y el futuro del país.

La Constitución, expresó, consagra la elección presidencial como un derecho inmodificable al establecer que ningún presidente, presente o futuro, podrá variar las normas de elección para beneficio propio.

Esta disposición, junto con una cláusula que impide al presidente actual optar por la reelección, apuntó, protege la estabilidad institucional y consolida un sistema de gobierno sin liderazgos perpetuos.

A partir de este momento, el Consejo Nacional de la Magistratura designará la figura del procurador general y los adjuntos.

También unifica las elecciones municipales, congresuales y presidenciales a partir de 2032 y reduce el número de representantes de la Cámara de Diputados.

Estas medidas, afirmó el gobernante, contribuirán a un sistema político más eficiente y a una representación pública más ajustada a las necesidades del país.

Poco antes de concluir su discurso, expresó que este cambio constitucional es mucho más que un trámite administrativo ya que «representa la voluntad de un país que merece una democracia de calidad, en el cual el poder sea una responsabilidad y no un privilegio personal”.

(Con información de Prensa Latina)

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