Rechazo a impunidad para los represores en Uruguay
El oficialismo congeló la imposición de altos precios de combustibles y aplazó reforma de la seguridad social por temor a perder en las urnas
Montevideo, Uruguay. La impugnación del Comisionado Parlamentario de Uruguay, Juan Miguel Petit, a la propuesta oficialista de excarcelar a represores de la dictadura, resaltó entre los rechazos recibidos en la semana.
Con autorizado criterio, señaló importantes deficiencias técnicas e incongruencias al proyecto de ley impulsado por el partido Cabildo Abierto para liberar a 20 exmilitares que cumplen condenas por graves delitos de lesa humanidad.
Su juicio cohonestó el repudio a la iniciativa cabildante por parte del colectivo Familiares de detenidos desaparecidos, cuyo portavoz Ignacio Errandonea la calificó de inmoral y precedente aberrante de que “acá no pasa nada frente a los crímenes que cometieron”, quienes saben dónde están todas esas víctimas.
El Frente Amplio siguió sin respuesta al emplazamiento al presidente de la nación Luis Lacalles Pou y a su aliado Jullio María Sanguinetti del Partido Colorado, a que ratifiquen o rectifiquen versiones de prensa de que hace un mes dieron el visto bueno al líder de CA, general senador Guido Manini para la tramada impunidad.
Mientras, el integrante frenteamplista de la Comisión Pro referendo revocatorio de 135 artículos de la Ley de Urgente (LUC), exsenador Rafael Michelini, sostuvo que el gobierno evita aplicarla en su totalidad ante la eventualidad de un resultado adverso en las urnas de la consulta popular.
Entre los ejemplos de temerosa contención, citó el congelamiento de imposición mensual de encarecidos precios de combustibles y el aplazamiento de la reforma de la seguridad social que extiende la edad de acogerse a jubilaciones de insuficientes montos.
A la LUC el Partido Socialista culpó el hacinamiento carcelario debido al aumento desproporcionadas de penas para delitos menores, tras un reporte histórico de 70 muertes entre rejas en lo que va del año; 17 homicidios, 13 suicidios; 10 catalogadas como “dudosas” y 30 por causas “naturales”, en una población récord de 14 mil presos.
En vinculada temática la Asociación de Defensores de Oficio de Uruguay, reiteró hoy 85 denuncias de casos concretos de abusos policiales y un incremento en la violación de las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos” desde la entrada en vigor de la LUC, en julio de 2020.
La gremial citó allanamientos sin orden judicial disfrazados de inspecciones oculares voluntarias, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones y “violencia inusitada” en hogares.
En tanto, el semanario Brecha pronosticó que La instauración de la portabilidad numérica telefónica por la Ley de Urgente Consideración (LUC) en Uruguay generará pérdidas por 11 millones de dólares anuales a la empresa estatal Antel y más beneficios a firmas privadas.
Para legisladoras frenteamplistas, la LUC, los recortes presupuestarios en políticas de igualdad y de género y el intento por dificultar la presentación de denuncias por violencia doméstica extienden la violencia contra la mujer.
(Con información de Prensa Latina)
