Pírrico ‘triunfo’ de protestas indígenas en Ecuador

Alertan falta de amnistía y reparación para las familias de los seis fallecidos, y no judicializar a movilizados y líderes del paro

Quito, Ecuador. El acuerdo sellado con la firma del Acta por la Paz, por los líderes de la protesta y el Ejecutivo, registra 10 puntos planteados previamente, con aspectos sensibles para la población, aguró la académica en temas políticos, Irene León.

Infortunadamente, quedaron puntos pendientes sobre educación y salud (aunque se puso en emergencia nacional la salud pública) y todo lo relacionado con derechos colectivos, los cuales serán desarrollados en mesas de trabajo en un plazo de tres meses.

Entre los tópicos fuera del Acta y a su juicio sensibles, mencionó la moratoria y renegociación de deudas, que definió como importante, sobre todo para la gente del campo, ante el encarecimiento de la vida y la precarización por las privatizaciones, resultantes en endeudamientos con el sector financiero a intereses exorbitantes, lo cual estrangula la vida.

Sobre ese particular, alertó de reticencia al tocar ese tema, pese a la insistencia de los manifestantes, por guardar relación con el sector financiero.

Y peor aún, queda en el escenario una situación compleja, pues por un lado el gobierno incumplió antes y podría volver a fallar, no solo con los compromisos que no quedaron consignados, sino también con los acuerdos tomados.

Alertó sobre la exclusión en el documento suscrito de amnistía y reparaciones para las familias de los seis fallecidos, así como de compromisos de no judicializar a los movilizados y los líderes del paro, en un contexto de persecución como el desatado durante el estallido social reciente, lo cual podría ser grave.

«Podrían venir días nefastos para los actores de las movilizaciones, con acusaciones tremendas, pues el discurso oficial hace asociaciones con terrorismo y narcotráfico. Es un vacío que queda y preocupa», concluyó.

Los presuntos signos positivos

Entre los logros, la también analista mencionó la moratoria para deudas, el impulso al empleo y los derechos laborales, los precios justos a productos de campesinos y el control a la especulación.

Además, resaltó tópicos como los precio de los combustibles, respeto al derecho colectivo, rechazo a la privatización de sectores estratégicos y patrimonio público, fondos para salud y educación, políticas efectivas de seguridad y protección.

En el acuerdo se contemplan derogatorias y reformas a decretos que tienen que ver con hidrocarburos, territorios y la inclusión de un compromiso sobre la consulta previa y el respeto a las comunidades ancestrales, con relación a la explotación minera, demanda muy importante sobre todo para las comunidades amazónicas, aseveró.

«Creo que para el movimiento popular movilizado un aspecto relevante fue el compromiso de hacer control de precios en cada provincia», especificó.

(Con información de Prensa Latina)