Modelo de gobierno de ricos para ricos opera en Uruguay
Es necesario decir la verdad a la gente de cara al referendo para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, dice senador
Montevideo, Uruguay. El secretario general del Partido Socialista y diputado de Uruguay, Gonzalo Civila, calificó al actual gobierno de coalición de derecha de modelo de ricos y para ricos.
Uno de los tres candidatos a presidir el Frente Amplio en las recientes elecciones internas expresó la necesidad de hablarle a la gente con la verdad de cara al venidero referendo para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Sostuvo que la participación en esos comicios, mayor que los de 2016 es una muestra de la vitalidad y las posibilidades de la coalición de izquierda en un contexto complejo de crisis económica y social, de la derrota electoral en el año 2019.
“Es también una señal al actual gobierno, de que frente a una política antipopular, regresiva, que agudiza las desigualdades, hay una fuerza política que se reivindica transformadora, con valores de igualdad, de libertad, de solidaridad, tiene esta adhesión que es inédita en el mundo”, expuso a la revista Caras y Caretas.
Civila describió al frenteamplismo como un fenómeno político, social, cultural que va más allá de los 130 mil votos emitidos en sus elecciones internas.
Se pronunció por ir al encuentro de los que participaron y los que no y de ahí la importancia del trabajo en los territorios, de las estructuras de bases y del diálogo con los distintos colectivos.
Asimismo destacó la elección de Fernando Pereira con un apoyo muy importante, entre otras opciones, de un mensaje político de unidad en la diversidad, hacia la consulta ciudadana del 27 de marzo.
Para los meses previos propugnó un diálogo sincero con la población y desvelar la verdad de lo que padece la sociedad uruguaya por efectos de esos 135 artículos de la LUC, de cómo se explicita y articula con un modelo de gobierno.
Enfatizó en que hay que conectarlo con las circunstancias “del abuso policial, la pérdida del poder adquisitivo, de los salarios y jubilaciones, del retiro del Estado de áreas socialmente sensibles, de la pérdida de derecho laborales, de la falta de garantías para los inquilinos”.
(Con información de Prensa Latina)
