La resistencia a la lucha anticorrupción guatemalteca
Guatemala. Después de que el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, prohibiera el martes la entrada al país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), establecida hace una década en conjunto con la ONU para ayudar a combatir la corrupción en el país, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, indicó que el comisionado Iván Velásquez continuará con sus labores desde fuera.
“El secretario general le ha pedido al señor Velásquez que continúe al frente de la Cicig desde fuera de Guatemala, hasta que haya más claridad sobre la situación”, dijo el portavoz del secretario, Stephane Dujarric. También recalcó que el órgano rector de la ONU tiene serias dudas sobre la decisión de Morales y revisará si es posible vetar el acceso a través del acuerdo con el que se estableció la Cicig.
Además, el mismo martes desde Guatemala, se presentaron seis recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad para intentar revertir la decisión. Se pide que vuelva a entrar en vigor un amparo a favor de Velásquez emitido el año pasado, cuando Morales intentó declararlo persona non grata para expulsarlo.
El comisionado Velásquez estaba en un viaje de trabajo en Washington cuando el gobierno guatemalteco anunció la decisión en contra de su reingreso. Ese anuncio sigue a uno emitido el viernes por Morales, quien dijo que no renovará el mandato de la comisión, con lo cual esta dejaría de funcionar el 1 de septiembre de 2019.
La Cicig, junto con el Ministerio Público de Guatemala, ha liderado la lucha anticorrupción en el país: ha investigado a funcionarios, exfuncionarios y a empresarios.
Entre sus pesquisas han encontrado evidencia de desvío de recursos por parte del expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, ambos ahora en prisión; hace poco habían solicitado investigar al mismo Morales por posibles irregularidades en el financiamiento de campaña.
La decisión de prohibir el reingreso de Velásquez fue anunciada en un comunicado en el que el fiscal, originario de Colombia, fue calificado como “una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública; afectando (sic) la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”. Se solicitó a la ONU nombrar a otro comisionado para lo que sería el último año de labores de la Cicig.
En un mensaje a la agencia Associated Press, Velásquez dijo que estaba al tanto de la decisión, pero eligió no comentar al respecto.
Un funcionario diplomático que pidió el anonimato, por no estar autorizado a dar declaraciones, dijo que los embajadores acreditados en el país estarían reunidos de emergencia para discutir su posición sobre la decisión de Morales.
La Cicig es parcialmente financiada por países como Suecia, Argentina, Noruega, Chile, Finlandia, Países Bajos y México. La cancillería sueca ya había dicho el viernes, tras el anuncio del fin del mandato, que hará “todo lo posible para que [la] Cicig pueda continuar su trabajo”.
Esta es la segunda ocasión en un año que Morales intenta poner fin a la Cicig. En agosto de 2017, declaró a Velásquez persona non grata, figura para expulsar a diplomáticos de un país, después de que la comisión y la entonces fiscala general Thelma Aldana solicitaran desaforar al presidente para poder investigar le financiamiento electoral de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). La Corte de Constitucionalidad emitió un amparo con el que dejó sin efecto la orden presidencial.
Desde entonces ha habido dos solicitudes más para retirarle la inmunidad a Morales; la última fue hecha el 10 de agosto por el comisionado Velásquez y la nueva fiscala general, Consuelo Porras. FCN-Nación, según los datos de los organismos, recibió más de un millón de dólares de empresarios que no fueron registrados ante el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco.
El Congreso guatemalteco integró una comisión investigadora de cinco diputados para analizar la solicitud de retiro de inmunidad del presidente Morales. Su informe será presentado ante el pleno y el mandatario podría ser desaforado si 105 diputados, de los 158, votan a favor del pedido del ministerio y la Cicig.
(Con información de NYTimes)
