Justicia española se opone al primer sindicato de trabajadoras sexuales
La justicia española anunció este miércoles su oposición a la creación del primer sindicato de trabajadoras del sexo en el país, que en agosto había recibido la luz verde de la administración a espaldas del gobierno socialista.
El alto tribunal de la Audiencia Nacional anuló los estatutos de este sindicato bautizado Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), indicó en un comunicado sobre esta sentencia firmada el lunes.
El tribunal juzgó que no se puede admitir un sindicato para defender a personas con «actividades que, por su naturaleza, no pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido como es la prostitución por cuenta ajena».
Autorizar este sindicato supondría, a criterio del tribunal, «reconocer como lícita la actividad del proxenetismo», ilegal en España.
El sindicato OTRAS había argumentado que no solo agrupa a prostitutas, sino también a actores porno o personas dedicadas al sexo telefónico. Pero según el tribunal, el hecho de no excluir a las personas dedicadas a la prostitución conlleva su «ilegalidad manifiesta».
Las promotoras del sindicato anunciaron que recurrirán la sentencia pero le restaron importancia, asegurando que los estatutos eran provisionales y que su anulación no les impedirá «seguir trabajando».
El sábado, sin ir más lejos, celebrarán en Barcelona su primer congreso para definir su organización y sus líneas de acción con afiliadas de toda España.
Además, defendieron el derecho de las prostitutas a sindicarse: «En el siglo XIX la hostelería no era sindicable, la minería no era sindicable, la industria no era sindicable. Para eso nacieron los sindicatos», manifestó ante la prensa su secretaria general Concha Borrell.
La creación del sindicato provocó en agosto el sonrojo del ejecutivo de Pedro Sánchez, que incluso reaccionó al mismo estando en plena gira por Latinoamérica.
El sindicato OTRAS había recibido a principios de mes el visto bueno administrativo de la dirección general del Ministerio de Trabajo y su registro fue publicado en el diario oficial.
Pero tres semanas más tarde, tras las vacaciones estivales, el gobierno tuvo conocimiento del asunto e inició los trámites para anularlo.
«Me han colado un gol por la escuadra y eso cuando uno está en política e intenta ser responsable con lo que tiene entre manos es muy duro», dijo entonces la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que aseguró haberse llevado uno de los disgustos «más gordos» de su vida.
(Con información de AFP)
