Indígenas de Colombia, entre la Covid-19 y la violencia
El sector aborigen la población enfrenta una situación ‘cada vez más trágica’ con cuatro mil 46 casos confirmados de coronavirus
La Habana, Cuba. Los pueblos indígenas de Colombia figuran entre los grupos poblacionales de ese país más afectados por la Covid-19, situación que atribuyen a las precarias condiciones de salud que históricamente afecta sus territorios.
De acuerdo con el más reciente boletín sobre la situación sanitaria emitido por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), ese sector de la población enfrenta una situación ‘cada vez más trágica’ con cuatro mil 46 casos confirmados a la enfermedad.
El estudio hace un corte hasta el 30 de julio pasado y fundamenta la preocupación de la Onic acerca de la vulnerabilidad de los 66 pueblos indígenas identificados con contagios en Colombia.
A las cifras anteriores suman los 114 fallecidos hasta el momento, el 6 por ciento de ellos mayores de 60 años, lo que es considerado una pérdida sensible dado el papel preeminente concedido a los ancianos en esas comunidades como depositarios y transmisores de saberes ancestrales.
Agrega el boletín que como promedio en las comunidades indígenas se presentan 32 casos cada 24 horas y cada 9,4 días se duplica el número de casos positivos.
En más de una ocasión la Onic denunció la situación y exigió al gobierno del presidente Iván Duque acciones concretas para tratar con la pandemia y evitar el crecimiento del número de contagios y decesos, pero hasta ahora sin respuestas.
Una vez más los pueblos indígenas reclaman a las autoridades, especialmente a las sanitarias, transparencia en el manejo de la pandemia y en la presentación de la información pública relacionada con ella con carácter ‘oportuno, objetivo, veraz, completo, reutilizable y procesable’.
Dichas facilidades, aclara la organización, permitirán a las autoridades indígenas tomar las decisiones que se requieran para evitar la expansión del virus.
La Organización de Naciones Unidas expresó su preocupación al respecto al cuestionar la capacidad de las instituciones de salud para hacer frente a la situación y salvar las vidas de cientos de miles de campesinos e indígenas que enfrentan una grave situación debido a la pandemia, que se ha sumado a su vulnerabilidad previa.
La referida instancia hizo un llamado a la solidaridad internacional sobre la base de que los pueblos originarios de Colombia, Brasil y Perú ‘tienen algunas de las tasas de incidencia de la enfermedad más altas.’
Sin embargo, no todos enfrentan la situación con las mismas condiciones, por ejemplo los pueblos Sikuani y Kubeo aseguran ser invisibles a los ojos de la administración de Duque que no garantiza el ejercicio de sus derechos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que los pueblos originarios colombianos han sido víctimas históricas de la explotación y el olvido, y que si bien ahora están en riesgo ante la Covid-19 también sufren los resultados de décadas de guerra civil, y las amenazas y asesinatos de sus líderes.
Según el Observatorio de Derechos de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (Cnti) desde que fueran reportados los primeros casos positivos al nuevo coronavirus en el país, se han registrado 40 asesinatos de miembros de pueblos originarios en el periodo comprendido del 25 de marzo al 28 de julio.
El ente precisa que la cifra representa un crecimiento del 53 por ciento de estos crímenes respecto a igual etapa de 2019.
Un informe publicado por la organización no gubernamental Global Witness titulado ‘Defender el mañana’, refiere que Colombia fue el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos territoriales en 2019, con el 30 por ciento de los asesinatos documentados a nivel mundial.
Para Global Witness los grupos indígenas estuvieron particularmente en riesgo al representar la mitad de los asesinatos documentados.
El estudio aclara que, si bien los datos anteriores están debidamente registrados, producto de las amenazas y la falta de canales de comunicación hay casos de violencia no registrados que impiden conocer la realidad de las afectaciones sufridas por los defensores de los pueblos originarios.
(Con información de Prensa Latina)
