Fiscal de Venezuela culpa a militares por muerte de un joven
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ensanchó la grieta que abrió en filas del chavismo, al responsabilizar este miércoles a militares por la muerte de un joven y cientos de heridos durante la ola de protestas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Evidenciando la creciente fisura en el oficialismo, el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, reivindicó horas después la actuación de la Fuerza Armada y acusó al Ministerio Público de «inacción» frente a manifestantes implicados en hechos de violencia.
Dos nuevas muertes por herida de bala se produjeron este miércoles en el marco de las protestas, la de un hombre de 22 años en el estado Bolívar (sureste) y la de otro de 23 en el estado Zulia (noroeste), informó la Fiscalía.
Ello eleva a 57 los fallecidos en 54 días de movilizaciones: 54 civiles y tres policías y militares.
Gobierno y oposición se culpan mutuamente por la violencia desatada tras las manifestaciones, que generalmente acaban con choques entre uniformados y manifestantes, quienes cruzan bombas lacrimógenas, chorros de agua a presión, piedras y cócteles molotov.
Ortega reportó un millar de lesionados, la mitad a manos de «cuerpos de seguridad».
Responsabilizó además a un oficial de la militarizada Guardia Nacional -aún sin identificar- por la muerte de Juan Pernalete, de 20 años, en una protesta en Caracas el 26 de abril.
Pernalete fue impactado por una bomba lacrimógena en el pecho, según la Fiscalía, versión que negaba el gobierno al sostener que había sido asesinado con una pistola de pernos (usada para sacrificar ganado).
Ortega ya se había distanciado de Maduro al denunciar como «una ruptura del orden constitucional» sentencias con las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió temporalmente las atribuciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición. Los fallos desataron las movilizaciones opositoras.
La brecha se amplió con el llamado del gobernante a una Asamblea Constituyente, que la fiscal estima inconveniente en medio de la crisis.
«Clima de impunidad»
Reverol insistió en denunciar que «bandas delincuenciales armadas», a las que vincula con la oposición, actúan en las protestas.
«Esta espiral de violencia ha generado un clima de impunidad, propiciado al mismo tiempo por el Ministerio Público, que con su inacción no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia», expresó el ministro, que aseguró que policías y militares actúan en «estricto apego a la Constitución».
La oposición sostiene que los cuerpos de seguridad despliegan «una salvaje represión».
Uno de los más poderosos dirigentes oficialistas, Diosdado Cabello, tildó a la fiscal Ortega de «traidora» y dedicó su programa semanal en la televisión estatal al tema de la «lealtad revolucionaria».
Para analistas como Luis Salamanca, la postura crítica de la fiscal refleja el «agrietamiento» de «la estructura interna del poder chavista», dijo.
Ortega, sin embargo, censuró igualmente la violencia de grupos opositores, en particular la quema de un hombre el sábado tras una protesta en Caracas. «Las manifestaciones deben ser pacíficas (…). Si empiezas a ejecutar acciones violentas, perdiste el derecho», añadió la fiscal.
El gobierno asegura que la víctima -que sufrió graves heridas- fue atacada «por ser chavista».
«¡Que siga la resistencia!»
El vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, calificó de «histórica» la declaración de Ortega. «¡Que siga la resistencia!», escribió en Twitter.
Miles de personas marcharon este miércoles en Caracas en rechazo a la Constituyente, cuya elección se prevé para julio, como anunció el martes la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena. Avanzaban hacia la sede del CNE, en el centro de la capital, pero fueron dispersados por agentes antimotines.
A la vez se produjeron disturbios en Zulia y Bolívar. Oficinas públicas fueron quemadas en Maracaibo, capital zuliana.
Las protestas recrudecen con la convocatoria a Constituyente, cuyas bases plantean la elección de 540 asambleístas, 364 por municipios y 176 en votaciones por sectores sociales como trabajadores, indígenas o campesinos.
Analistas y líderes opositores lo ven como un proceso «a la medida» de Maduro, pues le permitiría evadir una votación universal cuando su popularidad está en caída libre. Según encuestas, siete de cada diez venezolanos rechazan su gestión.
El CNE fijó también para el próximo 10 de diciembre las elecciones de gobernadores -pendientes desde 2016-, pero la oposición calificó ese anuncio como un engaño para desmovilizar a sus partidarios.
Y es que el desgaste hace mella en algunos, en un contexto de escasez de bienes básicos y la inflación más alta del mundo, que el FMI proycta en 720% este año.
Al observar al líder opositor Henrique Capriles caminar junto a ellos en la movilización en Caracas, manifestantes le increpaban: «¿Y entonces? Esto no funciona, ¿hasta cuándo?»
«Es una lucha de resistencia», respondía Capriles.
(Con información de AFP)
