Exigen a Áñez anular decreto de «licencia para matar»
La norma del gobierno golpista exime de responsabilidad penal a militares que cometan crímenes en la represión de protestas sociales
La Paz, Bolivia. La Central Obrera Boliviana (COB) demandó la nulidad del decreto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez que exime de responsabilidad penal a militares que cometan crímenes en la represión de protestas sociales.
Al mismo tiempo, el gobierno, considerado golpista por las organizaciones sociales y el mayoritario Movimiento al Socialismo (MAS), amenazó con continuar apresando civiles que protestan y alegó, sin pruebas ni detalles, un supuesto plan para matar a la Áñez.
Si de verdad quieren pacificar el país, abroguen el decreto, dijo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, al rechazar la norma, que analistas consideran una licencia para matar impunemente.
Recordó igualmente que la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a marchar, hacer huelgas y protestar y dijo que el cuestionado decreto agrava la crisis creada por el virtual derrocamiento del presidente Evo Morales.
‘Si esto es hablar de democracia, reprimiendo al pueblo boliviano, con las Fuerzas Armadas, este es un país que no está viviendo en democracia’, aseveró, al llamar a la reflexión y a deponer actitudes que impiden la pacificación.
El decreto libera de responsabilidad penal ‘al personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad en ejercicio de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad’.
Los términos citados dejan a criterio de los uniformados el abrir fuego sobre civiles, cuando se cuentan cerca de una veintena de muertes desde el virtual golpe de Estado contra Morales, de ellas nueve en los últimos días.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que un ‘grupo criminal’ planea atentar con la vida de la llamada presidenta interina Jeanine Añez, lo que le impidió asistir a la celebración, hoy. del día de su región natal, Beni.
‘No puedo compartir esa información clasificada’, expresó cuando los periodistas le pidieron detalles sobre el supuesto plan de atentar contra Áñez y dijo que seguirán las operaciones para detener a todos los manifestantes que sea necesario.
Murillo, un político de extrema derecha y considerado en círculos políticos como figura de segundo nivel, dijo también que Bolivia vive un proceso de insurrección, ante lo cual ‘se seguirá operando’ hasta neutralizar las protestas, y lanzó ataques contra Cuba y Venezuela.
‘Puede haber 100 detenidos esta tarde,porque hay gente que está hostigando, y vamos a seguir deteniendo a gente que está hostigando’, dijo en rueda de prensa en una visita a la ciudad de Cochabamba, en el centro del país.
De otro lado, en ese clima de crispación represiva, el Ministerio Público dispuso la detención del esposo y un familiar de Lidia Iriarte, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por ayudar a fugar a Iriarte.
Sobre la magistrada pesa una orden de captura como represalia por el supuesto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre pasado, ganados por el presidente Evo Morales.
Entretanto, sigue corriendo el plazo de 48 horas dado por la Federación de Cultivadores de Hoja de Coca de Cochabamba para que renuncie Jeanine Áñez, y en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, persiste un bloqueo que cortó el abastecimiento de combustible, mientras los cierres de rutas causaron el desabastecimiento de alimentos a la urbe paceña.
(Con información de Prensa Latina)
