EU amenaza con sanciones a jueces de Corte Penal Internacional
Estados Unidos amenazó este lunes con arrestar y procesar a jueces y a otros funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) si el tribunal toma acciones por crímenes de guerra contra estadounidenses que combatieron en Afganistán.
«Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial», advirtió el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton.
«Haremos lo mismo con cualquier compañía o estado que ayude a una investigación de la CPI en contra de los estadounidenses», dijo ante la Federalist Society, una organización conservadora en Washington.
Bolton acusó a la corte internacional encargada de juzgar principalmente crímenes de guerra y contra la humanidad de ser «ineficaz», «irresponsable» y «francamente peligrosa» para «Estados Unidos, Israel y otros aliados».
Para Washington cualquier iniciativa sobre las acciones de efectivos de seguridad propios sería «una investigación completamente infundada e injustificable».
Investigación sin chances
A inicios de noviembre de 2017, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda había anunciado que pediría a los jueces la autorización de abrir una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos en el conflicto armado afgano, principalmente por el ejército estadounidense.
En Afganistán, Estados Unidos sigue a la cabeza de una coalición militar que depuso al régimen talibán en 2001.
«En cualquier momento, la CPI podría anunciar la apertura de una investigación formal contra esos patriotas estadounidenses», explicó el consejero de Donald Trump.
En la víspera del aniversario de los ataques del 11 de setiembre de 2001 el presidente dirigió un mensaje «sin ambigüedad» a la corte: «Estados Unidos utilizará todos los medios necesarios para proteger a nuestros conciudadanos y los de nuestros aliados de enjuiciamientos injustos por parte de esta corte ilegítima».
La CPI se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países. Su fiscal puede abrir sus propias investigaciones sin permiso de los jueces siempre y cuando impliquen a un país miembro, en este caso Afganistán.
Este órgano, con sede en La Haya, Holanda, respondió simplemente que «actúa estrictamente dentro del marco legal definido por el Estatuto de Roma» y que está «comprometida con el ejercicio independiente e imparcial de su mandato».
Las relaciones entre Washington y la Corte con sede en La Haya han sido siempre tumultuosas. Estados Unidos se ha negado a formar parte del organismo y hace todo lo posible para evitar que sus ciudadanos puedan ser objeto de investigaciones.
Bolton echó por tierra cualquier posibilidad de que avance la investigación sobre presuntos crímenes de guerra de EEUU en Afganistán, especialmente por el abuso de detenidos.
Ni Afganistán ni ningún otro gobierno firmante del Estatuto de Roma ha solicitado una investigación, destacó Bolton.
También citó una acción reciente de los líderes palestinos para que funcionarios israelíes sean procesados en la CPI por violaciones a los derechos humanos.
«No cooperaremos con la CPI. No brindaremos asistencia a la CPI. Ciertamente no nos uniremos a la CPI. Dejaremos que la CPI muera por sí misma», expresó.
«Si la Corte viene por nosotros, Israel o cualquier aliado de Estados Unidos, no nos vamos a quedar sentados», advirtió.
«Amenaza» a la soberanía de EU
La condena de la CPI se sumó a la lista de rechazos de la Casa Blanca a instituciones y tratados supranacionales que el presidente Donald Trump considera perjudiciales para Estados Unidos.
Bolton también condenó las acciones de la corte desde que comenzó a actuar formalmente en 2002, y argumentó que la mayoría de las principales naciones no se habían unido a ella.
Dijo que había pronunciado solo ocho condenas a pesar de gastar más de 1.500 millones de dólares en su labor, y señaló que no había contenido las atrocidades cometidas en todo el mundo.
«De hecho, a pesar de las investigaciones en curso de la CPI, las atrocidades continúan ocurriendo en República Democrática del Congo, Sudán, Libia, Siria y muchas otras naciones», subrayó.
Pero Bolton, que fue embajador de Washington ante la ONU durante el gobierno de George W. Bush, sostuvo que la principal objeción de la administración Trump a la CPI es que podría afectar la soberanía nacional.
«No reconocemos ninguna autoridad superior a la Constitución de Estados Unidos», señaló.
«Este presidente no permitirá que ciudadanos estadounidenses sean enjuiciados por burócratas extranjeros, y no permitirá que otras naciones dicten nuestras formas de autodefensa», concluyó.
«Para nosotros, la CPI está ya muerta», sentenció Bolton.
Según Liz Evenson, de la organización Human Rights Watch (HRW), estas «amenazas ilustran una falta de respeto por las víctimas de crímenes atroces».
De su lado, la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) consideró que esta «amenaza sin precedentes» del gobierno Trump «aislará aún más a Estados Unidos de sus aliados más cercanos y dará comodidad a los criminales de guerra y regímenes autoritarios que intentan escapar de la justicia internacional «.
(Con información de AFP)
