El gobierno oculta cifras de los asesinatos en Colombia
Aun cuando la violencia en los departamentos continúa recrudeciéndose, el grupo en el poder intenta maquillar las cifras ante el mundo
Bogotá, Colombia. La senadora Sandra Ramírez acusó al Gobierno Nacional de querer ocultar las cifras reales de asesinatos en Colombia y los crecientes índices de violencia.
A través de su cuenta de Twitter, la representante del partido Comunes aseguró que ‘no es cierto que quieran unificar las cifras de asesinatos de líderes y lideresas sociales, es un intento por ocultar la cifra real de violencia que se recrudece en los territorios’.
Lo que les incomoda, lo censuran o lo cambian. Es una nueva jugadita del Gobierno del presidente Iván Duque, enfatizó.
Días atrás, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado repudiaron el intento de unificación de los datos relacionados con los homicidios a líderes sociales en el país sudamericano.
En un comunicado, los denunciantes remarcaron ‘que esta metodología de unificación antes de significar un avance para la protección al liderazgo social, implica un grave retroceso en materia de las herramientas que el Estado colombiano posee para la prevención, verificación y seguimiento de las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos’.
El Gobierno defiende a ultranza esa nueva metodología, pero el pasado jueves Duque aseguró que 2020 fue el año de menor tasa de homicidios en casi medio siglo y se llegó al 72 por ciento de esclarecimiento frente a las masacres, algo refutado y desmentido por varios líderes y grupos sociales.
La propuesta del Gobierno Nacional posee la intencionalidad de mostrar menores cifras de homicidios ante la comunidad pública e internacional como sinónimo de una mejor gestión, aun cuando la violencia en los departamentos continúe recrudeciéndose, recalcaron.
Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), solo en 2020 en Colombia ocurrieron más de 80 masacres, muchas contra líderes y lideresas sociales y luchadores por los derechos humanos, de las cuales el Gobierno reconoció menos del 30 por ciento.
(Con información de Prensa Latina)
