Dirime Corte Suprema desafuero contra presidente de Guatemala

Guatemala, Guatemala. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) ya tiene en su poder el expediente de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, quien espera a partir de hoy una decisión del máximo tribunal.

Por segunda vez, Morales vuelve a estar acusado de supuesto financiamiento electoral ilícito por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al presentar públicamente el caso el pasado viernes.

Las pruebas apuntan al actual Jefe de Estado en la época en que fungía como secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y no reportó al Tribunal Supremo Electoral recursos para la campaña presidencial de 2015 que lo llevó al poder.

En manos de la CSJ queda ahora dar luz verde o no a la solicitud, que de ser admitida pasaría a un Congreso de la República que tanto en 2017 como ahora parece proclive a respaldar a Morales, aseguran analistas políticos.

Por dos ocasiones, en septiembre del pasado año, el Legislativo rechazó quitarle la inmunidad al Presidente para que fuera investigado por el mismo delito, y con la actual correlación de fuerzas favorable al FCN-Nación resultará difícil alcanzar el voto necesario de 105 diputados.

En las redes del financiamiento electoral anónimo aparecen involucrados poderosos empresarios, cuyo testimonio en abril pasado permitió confirmar la entrega de más de un millón de dólares para el pago de fiscales de mesa para la primera y segunda vuelta electoral de septiembre y octubre de 2015, respectivamente.

La nueva denuncia hace referencia al hallazgo de otra partida de dinero para cubrir capacitaciones de los entonces candidatos Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, hoy vicepresidente.

En poder de la CSJ se encuentra también un pedido de antejuicio contra la diputada Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala, a quien le señalan un delito similar, al incumplir con la entrega de los estados financieros del último semestre de 2015 y no poder establecer el origen de pagos para el arrendamiento de pasarelas digitales.

(Con información de Prensa Latina)

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