Denuncian desplazamiento de familias en Colombia
Reciben nuevas amenazas y se encuentran confinados en casas de arriendo en la ciudad de Popayán, sin posibilidades de retornar
Bogotá, Colombia. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Colombia denunció el desplazamiento de familias en el departamento del Cauca (oeste), en medio de la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.
Desde el pasado 11 de marzo, cinco líderes y 20 campesinos de comunidades fueron desplazados forzadamente de su territorio, apuntó en un comunicado.
Un mes después reciben nuevas amenazas y se encuentran confinados en casas de arriendo en la ciudad de Popayán, sin posibilidades de retornar y sin condiciones para enfrentar el confinamiento preventivo obligatorio ante la pandemia de Covid-19, precisó.
El Movice subrayó que, a raíz de esa situación, se realizó una denuncia ante las Fuerzas Militares, la Defensoría del Pueblo y la Personería y se solicitó una visita humanitaria, pero por la pandemia la visita no puede efectuarse.
En dicho contexto, el Movimiento exigió a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos y establezca la responsabilidad material e intelectual de las amenazas.
Al Ministerio del Interior le pidió que garantice el derecho al retorno de las familias desplazadas forzadamente y establezca en conjunto con ellas un plan de retorno, que vincule medidas de estabilización económica, medidas comunitarias de carácter gradual y progresivo y medidas de reparación para continuación de su proyecto de vida individual, comunitario y organizativo.
En el caso de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, le exigió que se encargue de establecer las políticas públicas para desmontar toda clase de organizaciones criminales que continúan atentando contra las comunidades, líderes, y defensores de derechos humanos, movimientos sociales y movimientos políticos que trabajan en la construcción de paz.
A la Unidad Nacional de Protección, el Movice le solicitó que brinde con diligencia todos los mecanismos para garantizar la seguridad de todas las personas amenazadas y la no repetición de los hechos relatados.
Estas amenazas se han multiplicado en todo el país para aquellas personas y comunidades víctimas que exigen sus derechos, líderes sociales, exguerrilleros en proceso de reincorporación (a la vida civil) y organizaciones sociales campesinas, indígenas y afrodescendientes, señaló.
El Estado debe garantizar la vida de todos los ciudadanos y desmantelar las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, afirmó.
(Con información de Prensa Latina)
