Demandan a la fiscal general y al contralor de Ecuador
Ambas autoridades violan el Código de la Democracia al disponer acciones para suspender la segunda ronda comicial del 11 de abril
Quito, Ecuador. La fuerza política ganadora en primera vuelta de los comicios de Ecuador, Unión por la Esperanza (UNES), demandó hoy a la fiscal general Diana Salazar y al contralor Pablo Celi por intromisión en temas electorales.
El recurso legal fue presentado en dos documentos separados ante el Tribunal Contencioso Electoral, por el procurador común de UNES Santiago Díaz y el abogado Carlos Alvear, quienes acudieron a la instancia.
De acuerdo con la coalición progresista, ambas autoridades violan el Código de la Democracia (Ley Electoral) al disponer acciones para suspender la segunda ronda comicial fijada para el 11 de abril.
En el balotaje contendrán por la presidencia Andrés Arauz, de ese movimiento (lista 1-5), y el candidato de la alianza de centro-derecha CREO-Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso.
El procurador de UNES basa su pedido contra la fiscal general en la disposición de la funcionaria de realizar una pericia forense al sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE), para generar un reporte sobre actas con supuestas inconsistencias en la provincia de Guayas y preservar esa información.
Al mismo tiempo, el recurso contra Celi responde a su solicitud al CNE de aprobar una resolución para una auditoría informática, previo a la celebración de la segunda vuelta comicial.
Una vez entregados los documentos, Díaz aseguró en declaraciones a medios de comunicación que las autoridades cometieron intromisión en el proceso electoral.
‘Muchas pericias terminan con el retiro de los equipos y esto paralizaría el proceso’, afirmó y añadió que existen mecanismos de control para eso, pero es necesario esperar y hacerlos después de los sufragios.
Igualmente, manifestó preocupación por la revisión y alertó que el perito a cargo es capitán de policía y no está calificado para esa tarea.
‘La Constitución es muy clara y prohíbe la intromisión de funcionario público durante el proceso electoral y eso debería generar una sanción y la destitución’, advirtió.
Por su parte, el abogado de UNES, Carlos Alvear recalcó que de acuerdo con el artículo 279 del Código de la Democracia, lo correspondiente es la separación de los puestos de quienes interfieran, y la aplicación de multas.
Las acciones desde la Fiscalía y la Contraloría se dieron poco antes del anuncio oficial de los resultados de la primera vuelta de las justas generales, esta madrugada por el CNE, que ubican a Arauz y a Lasso como los contrincantes en el balotaje, tras obtener la mayor cantidad de votos a nivel nacional.
(Con información de Prensa Latina)
