Crecen delitos ambientales por crimen organizado en Panamá
La madera cocobolo, codiciada por sus características para la confección de muebles de lujo, es objeto de tala indiscriminada
Ciudad de Panamá. El Gobierno de Panamá enfrenta un auge de delitos ambientales asociados al crimen organizado, en particular el tráfico de la madera de cocobolo, precisa hoy un informe oficial.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (Miambiente), esa especie conocida como Dalbergia retusa y codiciada por sus características para la confección de muebles de lujo, es objeto de tala indiscriminada sobre todo en reservas ecológicas como los parques Soberanía y Chagres.
El titular del ramo, Milciades Concepción, afirmó que fue creado un equipo especializado para enfrentar este delito conformado por funcionarios de esa cartera, del Ministerio de Seguridad y la Procuraduría General de la Nación.
“Hemos visto redes de países de Centroamérica con el tráfico de especies, maderas, metales y no existía inteligencia ambiental”, acotó.
El ministro también destacó el compromiso que tiene el país con este tema, luego de que Panamá fuera sede de la 19 Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).
En ese foro, la vicetitular de Miambiente, Diana Laguna, propuso incluir el cocobolo en el Apéndice I (prohíbe la exportación) de Cites, debido al peligro de extinción.
El tráfico y la tala ilegal de cocobolo se intensificó a partir de 2013, cuando el país centroamericano incluyó la madera en el Apéndice II (comercio regulado) de Cites como parte de las acciones para regular el comercio sostenible.
Las estructuras criminales extraen la madera de los bosques primarios protegidos por leyes en la cuenca hidrográfica del canal de Panamá, según Miambiente.
El último caso se registró esta semana, cuando la Policía Nacional incautó 224 piezas de madera de cocobolo y capturó a dos personas en el área de Pacora, al este de esta capital.
La carga se ubicó en un contenedor en la comunidad de Las Garzas y se presume fue extraída del parque Soberanía.
Elvin Ortíz, jefe de la Policía Ambiental, subrayó que el cocobolo es una especia protegida por las leyes nacionales e internacionales, debido a que se encuentra en peligro de extinción.
Entre enero y octubre de 2022, el Ministerio Público acogió 336 casos relacionados con delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, lo que supone uno por día.
Este año, las provincias donde más irregularidades de ese tipo se cometen son las provincias de Panamá, Chiriquí y Darién.
(Con información de Prensa Latina)
