“Comercian” con casos judiciales en Wall Street

Este tipo de operaciones genera por ejemplo dudas sobre una posible interferencia en la resolución de los juicios

Apostar por el resultado de un juicio puede proporcionar grandes ganancias y no depende de las fluctuaciones de los mercados, así que en Wall Street se multiplican las compañías de inversión cuya misión es financiar acciones judiciales.

La idea consiste en pagar los gastos jurídicos de un demandante o un acusado, solamente en asuntos comerciales, a cambio de un porcentaje de las indemnizaciones cobradas en caso de victoria o de acuerdo amistoso.

Esa práctica se popularizó en Australia hace dos décadas, pero llegó recientemente a Estados Unidos.

Los pequeños ahorradores pueden apostar por las acciones del peso pesado del sector, Burford Capital, cuya capitalización es de cuatro mil millones de libras esterlinas (5 mil 316 millones de dólares) en la Bolsa de Londres, o las de IMF Bentham, en la Bolsa de Sídney.

Pero cada vez más grandes inversores como los fondos de cobertura y los fondos de pensiones están dispuestos a confiar su dinero a compañías encargadas de seleccionar juicios que ofrezcan la posibilidad de lograr importantes beneficios.

«Es muy difícil para una pequeña empresa luchar contra una gran compañía», explica Ralph Sutton, un veterano del sector que lanzó su propia compañía, Validity Finance, en junio de 2018. Financiar litigios «permite que los casos sean juzgados por su importancia y no por el dinero del que dispone una u otra parte», afirma.

Para empezar con su actividad, Sutton recaudó 250 millones de dólares.

En unos clics

En la plataforma digital LexShares, creada en 2014, los inversores autorizados pueden elegir el caso en el que quieren invertir, por ejemplo, una historia de violación de patente, de ruptura de contrato o de robo de secretos industriales. Sólo asuntos comerciales.

Las empresas que presentaron una demanda pueden solicitar fondos en apenas unos clics en LexShares.

«Hemos creado un programa que transcribe el texto de las demandas presentadas y analiza 17 parámetros», explica su fundador Jay Greenberg.

Tras esa primera selección automática, un equipo de juristas evalúa el interés del caso, valora la aptitud del abogado y comprueba que el acusado podrá abonar las posibles indemnizaciones.

Entre los 80 casos financiados hasta el momento por LexShares, con unos montos de entre 35 mil y cuatro millones de dólares, se han logrado 20 victorias sobre los 24 juicios terminados.

El inversor puede perder toda su apuesta en caso de derrota. De media, el retorno sobre la inversión es del 65% cada año, afirma Greenberg. Y hay mucha gente dispuesta a invertir en el sector. Con cada nuevo caso propuesto en el sitio web, «recaudamos los fondos en unas horas», dice.

Demandas frívolas

Es difícil medir la magnitud de esa industria, ya que las compañías especializadas suelen ser bastante discretas respecto a los casos que financian. Pero, en una sociedad especialmente litigiosa como la estadounidense, el mercado puede ser importante.

Según las estimaciones de IMF Betham, los gastos en servicios jurídicos se elevan a 357 mil 600 millones de dólares al año en Estados Unidos, frente a 54 mil 900 millones en Reino Unido, 25 mil 720 millones en Canadá y 19 mil 700 millones en Australia.

A pesar de la abundancia de casos, la selección es estricta. IMF Bentham sólo financió cuatro nuevos casos en el segundo semestre de 2018 en Estados Unidos. Pero eso no impidió que el grupo recaudara 500 millones de dólares adicionales en diciembre para un fondo destinado a financiar nuevos juicios.

Ese nuevo tipo de inversión suscita críticas de quienes temen que la financiación alimente una profusión de demandas judiciales frívolas.

La cámara estadounidense de Comercio quiere obligar a los demandantes que se beneficien de este tipo de financiación a revelar esa información.

Para Maya Steinz, jurista y profesora en la Universidad de Harvard, brindarles a los demandantes los medios necesarios para pedir justicia es útil, aunque señala que «el sector aún está poco regulado».

Este tipo de operaciones genera por ejemplo dudas sobre una posible interferencia en la resolución de los casos. Teniendo en cuenta que los inversores no están sometidos a las mismas obligaciones éticas que los abogados, ¿puede uno de ellos obligar a un demandante a rechazar o aceptar un acuerdo con la parte contraria?

«Ese dinero es una herramienta (…) de la que se puede abusar», reconoce Steinz.

(Con información de AFP)