Claman contra crímenes de lesa humanidad en Ecuador
La CPAZ reconoce la represión policial y de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes y pide la reparación para las víctimas
Quito, Ecuador. En Ecuador aumentan los colectivos sociales y políticos que se unen al clamor de establecer justicia ante los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas populares de octubre de 2019.
En ese contexto, la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia (CPAZ) emitió un pronunciamiento a favor del informe presentado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador mediante la Comisión Especial para la Verdad y Justicia, creada a fin de investigar los hechos ocurridos durante las protestas populares efectuadas en octubre de 2019.
CPAZ señaló que el reporte reconoce la represión policial y de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes y pide la respectiva reparación para las víctimas, desde una visión imparcial y con enfoque de derechos.
Al respecto, recordó que el documento de la Defensoría dictaminó que, de 519 testimonios, 249 corresponden a vulneraciones de derechos, cometidos por parte de agentes del orden durante las manifestaciones contra medidas económicas.
Igualmente, ratificó las cifras del ente a cargo de defender los derechos de la ciudadanía, que dieron cuenta de 11 fallecidos, mil 192 detenidos y mil 340 heridos, sin contar personas atendidas en albergues y otras 12 con lesiones permanentes como pérdida de un globo ocular a causa de bombas lacrimógenas lanzadas directamente contra los manifestantes.
El único responsable de los violentos hechos de octubre del 2019 es el Gobierno de Lenín Moreno y sus cómplices, la exministra de Gobierno y el ministro de Defensa, que provocaron y auspiciaron un estado de guerra y violencia como no había sucedido en la historia reciente del Ecuador, enfatizó el manifiesto de CPAZ.
Asimismo, la organización consideró que hubo criminalización del derecho a la protesta, al más puro estilo de regímenes fascistas y dictatoriales.
‘El pueblo ecuatoriano, las víctimas y familiares reclamamos la verdad, exigimos justicia, demandamos que los responsables paguen por sus actos nefastos y atentatorios contra la democracia, la dignidad, la paz y la vida’, concluyó CPAZ.
El informe de la Comisión creada por la Defensoría cuenta con el respaldo de varios colectivos sociales y representantes de la ciudadanía en general, además de asambleístas y fuerzas políticas.
(Con información de Prensa Latina)
