CIJ: Birmania debe impedir genocidio contra rohinyás
Unos 600 mil rohinyás están además confinados en campos y pueblos de Birmania y sólo pueden moverse con autorización
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó el jueves a Birmania que tome «todas las medidas» a su alcance para impedir un genocidio contra la minoría musulmana de los rohinyás.
El tribunal, con sede en La Haya, acordó una serie de medidas de urgencia solicitadas por Gambia, que acusa a Birmania de haber violado la Convención de la ONU para la prevención y represión del crimen de genocidio.
Gambia cuenta con el apoyo de los 57 miembros de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), Canadá y Holanda.
Poco después de que la CIJ se declarara competente para tratar este caso, el juez que la preside, Abdulqawi Ahmed Yusuf, anunció que Birmania «debía tomar todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de cualquier acto contemplado» en esta Convención de la ONU.
Estos actos son por ejemplo «el asesinato de miembros de la comunidad» rohinyá y la «sumisión intencional de la comunidad a condiciones de vida que impliquen su destrucción física total o parcial».
La CIJ ordenó además a Birmania que le entregue un informe sobre las medidas que se tomen dentro de cuatro meses y después, cada seis meses.
La decisión de la CIJ, la primera en este caso, se produce días después de que una comisión del gobierno birmano concluyera que varios militares habían cometido crímenes de guerra contra los rohinyás pero que el ejército no era culpable de genocidio.
Desde agosto de 2017, unos 740 mil rohinyás se refugiaron en Bangladés para huir de los abusos de los militares birmanos y de las milicias budistas.
Unos 600 mil rohinyás están además confinados en campos y pueblos de Birmania y sólo pueden moverse con autorización.
La jefa de facto del gobierno birmano Aung San Suu Kyi hizo historia en la CIJ, la más importante instancia judicial de la ONU con sede en La Haya, cuando se ocupó personalmente de la defensa de Birmania en las audiencias celebradas a mediados de diciembre.
Impunidad
El miércoles, en una inédita declaración común más de 100 organizaciones de la sociedad civil birmana expresaron su apoyo a esta denuncia transmitida ante la CIJ.
Según estas organizaciones, el sistema judicial interno de Birmania no tiene cómo rendir cuentas y ha permitido a los culpables «seguir cometiendo actos violentos en total impunidad».
Un portavoz del ejército birmano no quiso responder a las preguntas de los periodistas el jueves en Naypyidaw, en Birmania, y se limitó a subrayar que el ejército «sigue las instrucciones del gobierno».
Aung San Suu Kyi, muy criticada por la comunidad internacional por su silencio en este asunto, rechazó en diciembre ante la CIJ las acusaciones que salpicaban al ejército y le atribuían una «intención de genocidio».
La política, que recibió el premio Nobel de la Paz, también advirtió del riesgo de abrir un juicio que podría «obstaculizar la reconciliación» de las comunidades en Birmania.
La CIJ, creada tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar la paz y resolver los litigios entre Estados, solo emite opiniones consultivas y no dispone de ningún medio de coerción. Sus decisiones no siempre son aplicadas por los países.
La CIJ solo estableció el delito de genocidio en una ocasión: la masacre de 8.000 hombres y niños musulmanes en 1995 en el pueblo de Srebrenica, en Bosnia.
Birmania también está envuelta en otros procesos por este mismo caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga a personas físicas, y en Argentina, donde fue presentada una denuncia contra Aung San Suu Kyi y el Estado birmano invocando el principio de justicia universal y extraterritorialidad en casos de genocidio.
(Con información de AFP)
