Buscan frenar voracidad de agroindustria y comercios
Desde finales de enero, los agricultores se han manifestado multitudinariamente varias veces por semana en diversas regiones de España
El gobierno español, enfrentado desde hace semanas a manifestaciones de agricultores, anunció el martes medidas para tratar de asegurar precios más justos a los productores, entre ellas la prohibición de vender a pérdida.
Desde finales de enero, los agricultores se han manifestado multitudinariamente varias veces por semana en diversas regiones de España, en ocasiones bloqueando carreteras o centros de ciudades con centenares de tractores, una movilización de una amplitud poco habitual en el país.
El martes, por ejemplo, las protestas se concentraron en la provincia de Sevilla, Andalucía (sur).
«El decreto ley es una respuesta directa a algunas de las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos» para reforzar su «posición negociadora» de los precios que son pagados por sus productos frente a la industria agroalimentaria y las cadenas de supermercados, declaró el ministro de Agricultura, Luis Planas, en conferencia de prensa.
El «precio de venta (de los productos agrícolas) no podrá ser nunca inferior a los costes de producción que libremente habrán determinado vendedor y comprador» y que tendrán que estar mencionado explícitamente en los contratos firmados, explicó el ministro.
Con una sola excepción: la venta al consumidor, que podrá ser hecha a pérdida, como por ejemplo en promociones que busquen agotar inventarios.
Entre las otras medidas anunciadas figuran el escalonamiento del pago de impuestos para los jóvenes agricultores, así como la reducción del número de jornaleros necesarios para acceder a ayudas en Andalucía y Extremadura (suroeste).
El observatorio de precios de los alimentos, inactivo desde 2014, será reactivado para realizar estudios «sobre la formación de los precios de los productos e impulsar un reparto más justo del valor», había indicado el lunes el Ministerio de Agricultura en un comunicado.
Los agricultores se quejan de los bajos precios pagados por los industriales y los supermercados por sus productos y de la competencia de países con bajos salarios fuera de la Unión Europea señalados de utilizar pesticidas prohibidos en Europa.
Temen por igual la reducción de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) anunciada por Bruselas para el próximo presupuesto de la UE en proceso de negociación.
Según los sindicatos, los sectores más afectados por el problema de los precios son las frutas y hortalizas y las aceitunas, siendo España el primer productor mundial de aceite de oliva.
La producción de aceite de oliva sufrirá por otra parte de los aranceles punitivos impuestos en octubre por Estados Unidos a productos europeos
(Con información de AFP)
