Bachelet pide la repatriación de las familias del EI
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que hay 29 mil niños de combatientes extranjeros en Siria
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el lunes que los miembros inocentes de las familias de yihadistas capturados o muertos en Siria e Irak sean repatriados y quienes sospechosos sean investigados y juzgado de manera imparcial.
Desde la caída en marzo del «califato» de la organización Estado Islámico (EI), la comunidad internacional se enfrenta al rompecabezas de la repatriación de las familias de los yihadistas capturados o muertos en Siria y en Irak.
Su situación encabezó la larga lista de preocupaciones enumeradas por Michelle Bachelet en el inicio de la 41ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que incluyó igualmente la tensa situación en Sudán.
«Los miembros de las familias» deben «ser repatriados, a menos que sean investigados por crímenes», dijo Bachelet.
«Los niños, en particular, han sufrido graves violaciones de sus derechos, incluidos aquellos que pueden haber sido adoctrinados o reclutados (…) para cometer actos violentos. La consideración principal debe ser su rehabilitación, su protección», añadió.
Según Bachelet, más de 11 mil miembros de supuestas familias de combatientes de Dáesh (siglas en árabe del EI) están detenidos en el campo de Al Hol (Siria), administrado por las autoridades kurdas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que hay 29 mil niños de combatientes extranjeros en Siria, entre ellos 20 mil de Irak, indicó la Alta Comisionada, al precisar que la mayoría de ellos tenían menos de 12 años.
«Está claro que todas las personas sospechosas de haber cometido crímenes -cualquiera que sea su país de origen y la naturaleza de su crimen- deben ser objeto de investigaciones y de acciones judiciales», afirmó Bachelet.
Pero «mantener en detención a personas que no son sospechosas de crímenes, en ausencia de un fundamento legal y de un control judicial independiente regular, es inaceptable», precisó.
«Crueldad»
Bachelet hizo también un llamado a los Estados para que otorguen la nacionalidad «a los niños nacidos de sus ciudadanos» en las zonas de conflicto, ya que imponer el estatuto de apátrida a esos menores es un «acto de crueldad».
«Los niños apátridas son con frecuencia privados de educación, de acceso a la atención médica y de otros elementos fundamentales de la dignidad», enfatizó.
Bachelet destacó que «algunos países han hecho esfuerzos para repatriar a algunos ciudadanos, especialmente niños» pero no detalló cuáles eran esas naciones.
Igualmente señaló que «cuatro casos han sido llevados al Comité de los Derechos del Niño y de la Convención contra la tortura por los abuelos franceses de niños actualmente detenidos en Siria o en Irak».
Hasta ahora, París solo aceptó repatriar a los niños «caso por caso».
Washington comenzó por su parte a repatriar recientemente a sus propios ciudadanos, mientras que Dinamarca pretende privarlos de la nacionalidad danesa.
En cuanto a los combatientes, Bachelet recalcó que más de 150 hombres y mujeres fueron condenados a muerte en Irak, en virtud de la ley antiterrorista, después de juicios que «no fueron acompañados de las garantías de un proceso regular».
«Si hay ciudadanos sospechosos de haber cometido crímenes graves en otro país, o si están detenidos por cualquier otro motivo, el Estado de origen debería hacer todo lo posible para que sean tratados conforme al derecho internacional», insistió.
Petición a Sudán
Michelle Bachelet también mostró su preocupación por las tensiones en Sudán.
El país está inmerso en una lucha entre los líderes del movimiento de protesta y los generales que accedieron al poder tras la destitución del presidente Omar al Bashir en abril.
Bachelet citó informes según los cuales más de 100 personas han muerto y muchas más resultaron heridas en una sangrienta represión de una manifestación pacífica el 3 de junio.
«Lamento que el gobierno no haya respondido a nuestra petición de acceso a investigar las graves acusaciones de violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad durante la represión», añadió.
(Con información de AFP)
