¿Si el Fiscal o el Gobernador renuncian se acaba la inseguridad?
La impunidad está presente a lo largo y ancho del territorio nacional, con una probabilidad de 1.14 por ciento de que un delito sea denunciado y esclarecido. Se ha puesto en la agenda nacional la reforma al Artículo 102 de la Constitución para crear una fiscalía independiente, aunque se ha dejado de lado un aspecto toral que los expertos consideran es el cuello de botella del sistema de justicia: el desempeño de las procuradurías y fiscalías estatales. Porque… ¿de qué sirve darle autonomía a una fiscalía que funciona inadecuadamente? Me llamó la atención que hace unos días hasta se convocara a una marcha para solicitar al actual fiscal del estado a que renuncie. El argumento es que por su ineficacia, los niveles delictivos de Quintana Roo han aumentado.
¿Qué hay detrás de una petición tan insólita, es decir, si toda la seguridad del estado dependiera de un solo hombre, todos estaríamos pidiendo su remoción pero, de verdad con ello se compone todo? O sólo se está viendo el árbol y no todo el bosque completo, o hay intereses muy extraños rondando por ahí.
México evalúa: tendencia a no resolver
A diez años de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, recién se presentó el informe de “México Evalúa Hallazgos 2017. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México», su conclusión es dolorosa: “hemos perdido la brújula” y se consolida la impunidad. Veamos: por principio, de acuerdo al estudio, el promedio nacional de impunidad directa del sistema acusatorio para 2016 fue de 87.3 por ciento, lo que implica que «existe una tendencia generalizada a no resolver y/o solucionar los delitos que se conocen». El dato es escalofriante si se toma en cuenta que la cifra negra, o los delitos que no se denuncian y por lo tanto no se investigan, es de más del 90 por ciento. Según el Índice de Impunidad del Sistema Penal Acusatorio, hay casos de vergüenza: como los de Jalisco o Tlaxcala, cuya impunidad es del 99.3 por ciento y 99.1 por ciento, respectivamente; hasta pareciera que es una invitación a delinquir, pues la probabilidad de que detengan y sentencien a los delincuentes es bajísima. Quintana Roo anda en un 89.9 por ciento, que tampoco es para enorgullecerse. Para quienes elaboraron la investigación, “se está institucionalizando la impunidad de nuestras instituciones de justicia”.
Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2018
Otro indicador importante para valorar el sistema de justicia, es el número de ministerios públicos disponibles para la investigación de los delitos. De acuerdo al Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018, elaborado por la organización Impunidad Cero, el promedio nacional pasó de 7.6 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes en 2015 a 8.4 en 2016, pero ¿qué creen? En ese periodo, tiempos de Borge en Quintana Roo, en lugar de incrementar al personal como era tendencia en el resto del país, lo disminuyeron en un menos 34.51 por ciento, una notable reducción…
Enorme rezago en capacitación
¿Qué significó? Que el trabajo se acumuló y acumuló; que para cuando llegó al gobierno Carlos Joaquín y luego Miguel Ángel Pech a la Fiscalía General del Estado, el rezago en expedientes, en personal y en capacitación ya era de enormes proporciones; o sea, fue tan mayúsculo el impacto, que debilitó demasiado a la institución. No nos extrañe si todavía tardarán un buen tiempo en ponerse al día, pues los estados que dedican pocos recursos humanos y financieros a la procuración de justicia evidentemente tienen resultados muy cuestionables… Claro, ello no significa que nos conformemos con que así se recibió y ni modo, sino que es deseable que antes de acabar el sexenio la fiscalía hasta pudiera ser ejemplo de eficacia para los otros estados…
Sistema de justicia inacabado
El informe de México Evalúa ofrece un panorama de las fallas y pendientes en la consolidación del modelo acusatorio en nuestro país y evidencia también que el proceso de transformación del sistema de justicia continúa inacabado. Así pues, a nivel nacional no sólo se trata de la intención de reformar el Artículo 102, y ya con ello se mejora la impartición de justicia, para nada, hay demasiados aspectos aún por resolver; tampoco se acabará la inseguridad con que renunciara un fiscal estatal o que siempre critiquemos a un gobernador, eso es mirar sólo un árbol y no el bosque. Mientras no se resuelva desde las entrañas el sistema de justicia nacional y local, mientras sigan cojos los eslabones del engranaje nacional y local, seguirán las deficiencias en las capacidades de las instituciones encargadas de procurar justicia…
