Préstamo a UGRT, una cuestión política y legal
De tantas explicaciones, el engrudo terminó haciéndosele bolas al titular de la (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Sedafop) en el tema del préstamo por 30 millones de pesos a la Unión Ganadera Regional de Tabasco (UGRT).
Nadie ha negado la legalidad del préstamo a la UGRT.
El Poder Ejecutivo de Tabasco tiene la potestad de impulsar la actividad económica, incluyendo la ganadera por supuesto, mediante la asignación de recursos por diversas vías, siendo el préstamo, una de las modalidades.
El asunto es que el crédito concedido tuvo como destino final el pago a 233 ganaderos con quienes a su vez, la UGRT tenía un adeudo por concepto de cabezas de ganado entregadas.
Luego, ante el vencimiento del plazo concedido en una prórroga previa, la UGRT decidió pedir una nueva extensión temporal por seis meses para pagar (misma que le fue concedida).
Hasta aquí, todo bien.
Pero resulta que, al mismo tiempo, solicitó que los 30 millones de pesos que le fueron concedidos de los recursos públicos, se fueran a fondo perdido, es decir que no tuvieran que pagar nada.
Lo actitud de la UGRT, dada su inexistente viabilidad económica, es por decir lo menos sospechosa, pues solicitar un préstamo para luego no pagarlo dada su insolvencia, es un fraude a todas luces.
Se estarían triangulando recursos públicos para saldar deudas entre particulares, como lo dijo el presidente del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio Reyes, es decir entre la UGRT y productores ganaderos.
No se vale pues pretender llevar a fondo perdido un préstamo, cuyo monto al final de cuentas ni siquiera es tan alto dada la danza de cientos y hasta miles de millones de pesos en la corrupción de los distintos gobiernos federal y estatales, pero lo que cuenta es el hecho.
En conclusión, tanto para el gobierno, como los directivos de la UGRT así como para los ‘ganaderos’ que cobraron su shishito, aplica el dicho: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata.
O como lo dice el diputado Manuel Andrade Díaz, hay que auditar vía el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco y la Secretaría de la Contraloría todo el proceso para deslindar las responsabilidades correspondientes.
