Mueren 2 maestros por burocratismo de la Secretaría de Educación
Nos parece extremadamente grave el señalamiento de la secretaria general de la sección XXIX del SNTE, María Elena Alcudia Gil, quien ha dicho que dos maestros han fallecido luego de que las autoridades educativas los obligaron a permanecer en sus centros de trabajo a pesar de estar enfermos.
Más aún, la lideresa magisterial expresa con justificada razón su preocupación, porque no se trata de casos aislados, pues hay 108 maestros en una situación similar en que, por razones administrativas se les niega el permiso especial a los maestros con graves padecimientos para que puedan recibir los tratamientos correspondientes.
Peor todavía es que, el alegato principal de los representantes del sector educativo sea la presunta carencia de recursos económicos para suplirlos a los mentores durante el tiempo en que deban ausentarse por su enfermedad.
Ciertamente, los permisos requeridos son extensos (dos periodos de seis meses cada uno) y el requerimiento por la parte magisterial se basa en un acuerdo presidencial según lo que explicó María Elena Alcudia Gil
No obstante, la Secretaría de Educación ha soslayado el cumplimiento de lo referido en la constancia médica que les expidió el ISSSTE. En este sentido, tiene razón la dirigente sindical cuando advierte que la negativa viene de un área administrativa y no médica, de la Secretaría de Educación.
Es urgente que las autoridades se ocupen de estos casos, puesto que no sólo está en riesgo la salud sino la propia vida de los profesores, que tienen la necesidad de recibir los tratamientos para recuperar su salud.
Para los mal pensados (que siempre los hay), no se trata de personas que no quieran laborar a partir de enfermedades menores, estamos hablando de diversos padecimientos como cáncer, nefropatías, diálisis, hemodiálisis, pie diabético y cardiopatías, entre otros.
Además de los funcionarios de la Secretaría de Educación, del propio ISSSTE y del SNTE, urge que la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la CNDH intervengan para salvaguardar la integridad física de los maestros enfermos.
Lo anterior, sin obviar una demanda por la vía penal contra quien resulte responsable por parte de la Secretaría de Educación por obligar a una persona a continuar laborando a pesar de tener una incapacidad médica expedida por una autoridad en materia de salud como es el ISSSTE.
