Medios y delincuencia organizada disputan el poder a políticos
Arturo Núñez Jiménez remarcó puntos fundamentales en el actual proceso electoral donde, a los miembros de la clase política de todos los partidos, los poderes fácticos les disputan el poder político.
Entre esos poderes, destacó la fuerza de los medios de comunicación social y en particular los de tipo electrónico (radio y televisión), aunque sin dejar fuera los medios impresos ni tampoco las redes sociales.
Más grave aún, es el señalamiento de que los cárteles de la droga compran posiciones políticas para tener el control del poder.
En ese sentido, Núñez externó una explicación para el descrédito de los políticos ante la sociedad en un elemento esencial como lo ha sido el privilegiar los intereses personales y de grupo por encima del bien común, en perjuicio de la sociedad.
Dijo que algunos han utilizado la política para “servirse a sí mismos, por eso la corrupción ha prevalecido mucho en el ámbito del quehacer político”.
Todo lo anterior lo expuso Núñez Jiménez durante la asamblea anual de la Asociación Política José María Pino Suárez. Bien por el discurso para una agrupación política.
Pero para un gobernador, que además funge como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, me parece que se ha quedado muy corto, pues tendría que señalar casos concretos y no nada más generalidades cuya certeza es evidente. Tendría además que investigar y denunciar ante la justicia los casos en que así fuere.
¿Y los medios oficiales?
Apenas se daba a conocer la postura de Arturo Núñez y surgía un señalamiento contra TVT, la televisora oficial del Gobierno del Estado, que estaría siendo utilizada por funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular como un escaparate político.
Jorge Broca Morales hizo hincapié en que el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco debe sancionar a la televisora estatal por esta actividad de acuerdo a la legislación vigente.
Tiene razón Broca Morales al señalar que es inaceptable que se utilice la televisión controlada por el Gobierno del Estado como un escaparate para funcionarios y precandidatos.
En conclusión, no son solamente los agentes externos a la política como los medios de comunicación y los cárteles delincuenciales o políticos corruptos, sino también desde los órganos de gobierno que permiten o auspician el uso de los recursos públicos en los procesos electorales.
