Urgen nuevo enfoque para la atención a la salud en México
El país requiere un nuevo contrato social que evite o reduzca el gasto de bolsillo e impulse la prevención sanitaria en las familias
Es difícil pensar en una reforma del sistema de salud si no va acompañada con el desafío de construir un sistema de protección social que enfrente todos los retos que tenemos del cuidado, consideró Mario Luis Fuentes Alcalá, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) e integrante del Patronato Universitario de la UNAM.
Al participar en el Seminario Universitario de la Cuestión Social, del Posgrado de la Facultad de Economía, el experto reflexionó que nuestro país requiere de un nuevo contrato social que le permita acceder a un sistema de salud integral que evite o reduzca el gasto de bolsillo e impulse la prevención en salud para una población que envejece cada vez más.
“La idea de un sistema de protección universal tiene un sistema de salud y un sistema de cuidados al lado, pero hay que pensar de forma articulada. De otra manera, estamos fragmentando la misma idea del contrato social, que implica reconocer que hay una nueva dimensión del riesgo y la inseguridad sociales, con la carencia de estructuras de protección. Necesitamos integrarlo porque no basta con la idea de que la salud es de primero, segundo y tercer nivel”, comentó.
El doctor en Teoría Crítica destacó que la prevención está entre los determinantes sociales de la vida y la muerte. El Censo de Población 2020 indica que hay 20 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, es decir, el equivalente a la población en conjunto de Monterrey, Querétaro y Guadalajara; por lo que una acción de prevención sería dotar de agua potable a esa población, lo cual lleva el tema más allá de la falta de información o detección.
En la reunión, realizada en el Auditorio Mtro. Jesús Silva-Herzog del Posgrado de la Facultad de Economía, el investigador destacó que los factores sociales están estrechamente vinculados con el origen de la enfermedad, entonces el problema no sólo se limita al sector salud, sino a cuáles son los determinantes sociales más agudos o que potencian la enfermedad por grupo de edad, resaltó Fuentes Alcalá.
Antes, Héctor Juan Villarreal Páez, catedrático del Tecnológico de Monterrey ofreció la charla Sistema de salud y nuevo contrato social, en la que detalló que el problema del acceso a una atención, el de la salud y su atención es viejo, con poco más de dos décadas cuando el presidente Vicente Fox lanzó el Seguro Popular, hasta la sustitución del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) por el IMSS-Bienestar.
“Llevamos siete u ocho años con un espacio fiscal en implosión, gran parte de ello comiéndoselo las pensiones, básicamente en el sistema de reparto, incluyendo las no contributivas; y empieza a aparecer lo que tiene que compensar el gobierno en contribución definida, en el otro pilar que ahorita es muy chiquito, pero va a crecer. El problema de pensiones que se viene será enorme y ya ha tenido consecuencias serias para inversión, educación y salud”, describió.
En dos años, agregó Villarreal Páez, el gasto federal en pensiones, incluyendo las no contributivas, más el servicio de la deuda, rondará 9.5 por ciento del PIB, el problema es que México recauda 14 puntos del PIB, mientras naciones como Brasil recaudan 38 por ciento del PIB.
En tanto, Mónica Arantxa Colchero Aragonés, experta del Instituto Nacional de Salud Pública, comentó que uno de los principales retos es que el sistema de salud en México está fragmentado y la atención es heterogénea, un problema que enfrentó en su momento el Seguro Popular. “El acceso depende de la condición laboral, y tenemos a 50 por ciento de la población en el sector informal, no podemos ignorarlo. Los recursos claramente son insuficientes y ahí está el grave problema para garantizar cobertura efectiva y de calidad, tenemos una alta participación del sector privado, y el reto ha sido mayor con la pandemia”.
Sector privado
Al comparar la derecho-habiencia con el lugar donde se atendió la población, de los afiliados al IMSS, 43 por ciento acude a la clínica que le corresponde, pero 57 por ciento se atiende de forma privada, muchos de ellos consultorios privados o los adyacentes a farmacias. De la población sin seguridad social, 70 por ciento se atiende en el sector privado y el IMSS-Bienestar deberá revertir esto.
A su vez, Judith Senyacen Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) explicó que en los últimos años el concepto de cobertura universal se relaciona con la filiación, pero en realidad nuestro país no cuenta con cobertura universal, pues si bien se ha incrementado el número de afiliados y los servicios, el gasto per cápita en el sector no aumentó.
(Con información de GAceta UNAM)