Silencian en Colombia lucha contra bebidas azucaradas

Bogotá. Todo comenzó con llamadas amenazantes, fallas extrañas en las computadoras de la oficina y hombres en autos estacionados que le tomaban fotografías a la entrada de la sede del pequeño grupo de defensa de los consumidores.

Poco después, Esperanza Cerón, la directora del grupo, notó que dos hombres a bordo de una motocicleta seguían su sedán Chevy durante el recorrido del trabajo a su casa. No sabía quiénes eran y trató de perderlos en el tráfico de la hora pico en Bogotá, pero la alcanzaron y se pusieron a los costados de su auto mientras le golpeaban las ventanas.

“Si no se calla la boca, ya sabe cuáles van a ser las consecuencias”, le gritó uno de los hombres, según explicó Cerón en una entrevista reciente.

El episodio, que Cerón le informó a las autoridades de la fiscalía, recordaba la intimidación que se usaba contra quienes desafiaban a los carteles de la droga que en el pasado dominaron a Colombia. Sin embargo, el narcotráfico no era el blanco de Cerón y sus colegas. Su trabajo había molestado a otra industria multimillonaria: los fabricantes de refrescos y otras bebidas azucaradas.

Su organización, Educar Consumidores, era la defensora más visible de la propuesta para establecer un impuesto del 20 por ciento a las bebidas azucaradas, que iba a ser sometida a la consideración del congreso colombiano ese diciembre. El grupo de Cerón recabó fondos, consiguió aliados para la causa y produjo un provocador anuncio televisivo que le advertía a los consumidores que la ingesta de bebidas llenas de azúcar podían provocar obesidad y otras enfermedades como la diabetes.

La reacción fue atroz. La Superintendencia de Industria y Comercio, en respuesta a una demanda interpuesta por la refresquera más importante del país que calificó al anuncio como engañoso, ordenó que el comercial fuera retirado del aire. Luego la agencia fue más lejos: le prohibió a Cerón y a sus colegas que discutieran públicamente los riesgos a la salud de consumir azúcar o serían multados por 250.000 dólares.

La batalla para gravar las bebidas azucaradas se está convirtiendo en una de las más feroces refriegas mundiales: se trata de un choque entre la ciencia, la política y el dinero que se libra en múltiples ciudades y países.

“La industria ve los impuestos a las bebidas azucaradas como una amenaza existencial”, dijo James Krieger, director ejecutivo de Healthy Food America, un grupo que le da seguimiento a las iniciativas para gravar las bebidas. En Estados Unidos, la industria ha gastado por lo menos 107 millones de dólares a nivel estatal y local desde 2009 para rechazar los impuestos y que sea obligatorio ponerle etiquetas de advertencia a las bebidas, según un nuevo estudio. De acuerdo con Krieger, en comparación con la situación de Estados Unidos, las tácticas implementadas en otros países “son más sucias, mucho más rudas”.

Nunca se comprobó que el acoso a Cerón y sus colegas hubiera sido realizado por la industria refresquera, y los fiscales se negaron a investigar. En respuesta a preguntas por parte de The New York Times, Coca Cola y Pepsi declararon que no estaban implicadas, mientras que Postobón, la refresquera que interpuso la demanda contra el anuncio de la organización, canalizó sus comentarios a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Esta organización, que ha representado a los fabricantes de bebidas nacionales e internacionales en el asunto del impuesto a los refrescos, señaló que no estaba relacionada con los sucesos.

El Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas (ICBA, por su sigla en inglés), la organización que abarca a los grupos comerciales de todo el mundo y que se opone a los impuestos, no quiso responder directamente si sus aliados de Colombia estuvieron relacionados con el presunto acoso pero condenó esas acciones.

“Condenamos, en cualquier circunstancia, la influencia impropia o el acoso a cualquier persona u organismo por cualquier propósito, en cualquier momento y de cualquier manera”, dijo en un comunicado Katherine W. Loatman, directora ejecutiva del ICBA.

Una lucha global

Puede que la experiencia en Colombia sea la más extrema pero ante una inmensa oposición de la industria ya se han cancelado o detenido propuestas de impuestos a los refrescos en todo el mundo, incluyendo países como Rusia, Alemania, Israel y Nueva Zelanda.

Sin embargo, la idea está ganando impulso: se han aprobado gravámenes en treinta naciones entre las que se destacan India, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia, el Reino Unido y Brunéi. Hoy en día, más de mil millones de personas viven en lugares donde ese tipo de impuestos han elevado el precio de las bebidas azucaradas.

Las disputas han sido particularmente intensas en mercados emergentes conforme la industria busca compensar la caída en el consumo de refrescos en las naciones más acaudaladas. América Latina ha superado a Estados Unidos como el mayor mercado mundial de bebidas gaseosas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con ventas de bebidas carbonatadas que se han duplicado en la región desde el año 2000.

“En Colombia, la industria azucarera y las principales empresas de medios pertenecen a los mismos conglomerados económicos. Tienen un poder intimidatorio. Y lo usaron”.

Imposición a los pobres

La industria refresquera asegura que los impuestos a las bebidas recaen injustamente en los pobres, causan desempleo al disminuir las ventas y no logran su meta, que es reducir la obesidad. Estudios sobre los impuestos a los refrescos han demostrado que sí conducen a una caída de las ventas de bebidas azucaradas —en México, por ejemplo, hubo una reducción del 10 por ciento en las ventas durante los dos primeros años que se estableció el impuesto—; sin embargo, esas medidas son tan nuevas que aún no hay evidencias de su impacto en la salud.

“Afectar a nuestros productos con un impuesto y dejarlo así no logrará nada respecto a la obesidad en este país ni en el mundo”, dijo William Dermody, vocero del grupo estadounidense American Beverage Association.

Sin embargo, las organizaciones de salud pública, incluyendo a la OMS, citan a los impuestos a los refrescos como una de las herramientas políticas más eficaces para reducir el consumo de lo que los nutricionistas llaman el “dulce líquido” que ha contribuido a la epidemia de obesidad y enfermedades relacionadas en todo el mundo. Kathryn Backholer, investigadora de la Universidad Deakin en Australia, dice que los impuestos a los refrescos fueron “un regalo” para el combate a la obesidad, la diabetes y otras enfermedades relacionadas con el peso, pues son blancos fácilmente gravables y porque “tienen poco o nulo valor nutricional”.

Backholer y otros expertos dijeron que el punto de inflexión para quienes proponen gravar los refrescos se produjo en 2014, cuando México —el mayor mercado de consumo per cápita de Coca Cola— aprobó el impuesto del 10 por ciento.

México también fue el país donde se vio cuán sucia podía ser esa pelea.

El año pasado, varios defensores de una propuesta para duplicar el impuesto a 20 por ciento —nutricionistas, expertos y activistas de grupos externos y del gobierno mexicano— recibieron una serie de mensajes de textos molestos y dolosos provenientes de teléfonos desconocidos.

Un hombre recibió un mensaje que decía que su hija había sido gravemente herida; a otro, el texto le aseguraba que su esposa tenía un amorío, y uno más recibió un enlace a una funeraria.

Un programa espía fue hallado en sus teléfonos y la propuesta no fue aprobada.

En otros lugares del mundo, las refresqueras han trabajado asiduamente para explotar su influencia económica y conexiones con el gobierno. En una serie de correos electrónicos internos de Coca Cola que fueron divulgados, los ejecutivos de la empresa describían diversas estrategias para ganarse a ministros gubernamentales y otros funcionarios en Bosnia-Herzegovina, Ecuador, Portugal y algunas regiones de España.

(Con información de The New York Times)