Riesgo de violación a DDHH por estados y municipios

Con pretexto del covid 19 imponen arrestos, restricción de movilidad, filtros sanitarios, uso de cubrebocas, toque de queda y acceso restringido entre otros

La Secretaría de Gobernación (Segob) reportó que estados y municipios han emitido diversas medidas “con potencial violatorio de derechos humanos” durante la contingencia sanitaria por covid-19, entre las que destacan arrestos administrativos, reducción y/o restricción de movilidad, filtros sanitarios, uso obligatorio de cubrebocas, toque de queda, acceso restringido y cierre de accesos.

En un segundo informe elaborado sobre el particular por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, también se destaca que grupos del crimen organizado han impuesto medidas violatorias de derechos humanos en cuatro entidades durante la pandemia.

Dichas medidas, consistentes en toques de queda, amenazas a médicos, cobro de impuestos y aislamiento, se aplicaron en municipios de Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Nayarit.

Los grupos del crimen organizado señalados en el documento oficial son el Cártel de Sinaloa, que impuso en Culiacán toque de queda; el Cártel Jalisco Nueva Generación, con cobro de impuestos en Santiago Ixcuintla, Nayarit; y el “Grupo Sombra” en Tuxpan, Veracruz, que operó medidas de aislamiento.

Sobre los grupos del crimen organizado que realizaron acciones de toque de queda en Iguala y amenazas a médicos en Petatlán, ambos municipios de Guerrero, no se les identificó, y tampoco a la organización que hizo presencia en Los Mochis, Sinaloa, donde también se determinó toque de queda.

Por otro lado, el informe de la Subsecretaría que encabeza Alejandro Encinas considera que si bien los gobernadores, al ser autoridad sanitaria, tienen facultades para dictar medidas en el ámbito de sus competencias, “algunas acciones adoptadas por éstos han rebasado sus facultades y han representado riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos”.

De manera destacada menciona el caso del gobierno de Jalisco, donde se determinó de manera obligatoria el uso de cubrebocas en espacios públicos, así como el resguardo domiciliario.

Detalla que en esa entidad se informó sobre la detención de 412 personas en tan sólo 21 días (del 20 de abril al 12 de mayo), por incumplir el aislamiento social o no usar el cubrebocas.

“En este contexto, durante el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, en el municipio de Chapala un ciudadano fue golpeado presuntamente por policías municipales, mientras que en Ixtlahuacán de los Membrillos fue asesinado Giovanni López mientras se encontrada en custodia de policías municipales”, puntualiza.

La Segob reporta que en general los estados y municipios emitieron 428 medidas con potencial violatorio de derechos humanos.

Entre las “sanciones desproporcionales” ocurridas durante la pandemia, el reporte oficial precisa que autoridades estatales y municipales implementaron 53 medidas extraordinarias, que incluyen el arresto administrativo, así como 71 medidas con la posibilidad de sanción con multas.

“De estas acciones, resultan particularmente preocupantes aquellas que posibilitan el arresto administrativo, pues no sólo son las que restringen de manera más importante los derechos humanos, sino que resultan contraproducentes al generar potencialmente concentraciones de personas en reclusión que pueden facilitar la propagación del virus SARS-CoV2”.

El amplio informe subraya que entre abril y mayo se implementaron 54 toques de queda a nivel municipal de manera oficial: Baja California (3), Baja California Sur (1), Chiapas (1), Coahuila (1), Durango (1), Guerrero (2), Michoacán (3), Nuevo León (2), Oaxaca (4), Puebla (1), Quinta Roo (5), Sonora (20), Yucatán (6) y Zacatecas (4).

“Lo anterior, además de ocasionar abusos de autoridad, puede tener efectos graves en materia de seguridad, ya que dichos dispositivos facilitan la participación del crimen organizado en las acciones de castigo y filtros sanitarios, como se ha documentado en diversos estados”, se advierte.

De igual manera, recalca que entre los meses de abril y mayo se registraron 103 agresiones a personal de salud en 29 estados.

En la Ciudad de México se contabilizaron 19 casos y 15 en Jalisco; en ambas entidades se concentró el 33% de las agresiones registradas.

Los ataques cometidos contra el personal de salud fueron agresiones físicas, verbales, escritas y “otro tipo”.

En el escrito también se denuncia que se han presentado casos de agresiones al patrimonio del personal de salud, así como amenazas a médicos para que no se realice la reconversión hospitalaria para la atención exclusiva de casos covid-19.

Al respecto, la Segob tiene registrados varios incidentes en los que se ha dañado o amenazado infraestructura pública de salud en Axochiapan, Morelos; Sabinas Hidalgo, Nuevo León, y en Tecamachalco, Puebla, así como en diversas localidades de Chiapas y el Estado de México.

Sumadas a estas agresiones, el reporte destaca el asesinato de la doctora transgénero María Elizabeth Montaño, quien el 8 de junio fue reportada como desaparecida y 10 días después –el 18 de junio– se le halló sin vida en Huitzilac, Morelos.

En su relatoría de violaciones a derechos humanos durante la pandemia, la Segob informa que del 19 de marzo al 9 de junio se presentaron ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) 343 peticiones en contra de actos de discriminación relacionados con covid-19.

En este rubro, las entidades con el mayor número de quejas son la Ciudad de México, con 123, y el Estado de México, con 44, y representan el 48.6% del total. Les siguen los estados de Jalisco (15), Veracruz (15), Guanajuato (13), Nuevo León (9), Tamaulipas (9), Querétaro (8), Chihuahua (7), Puebla (7) y Sinaloa (7).

Desde el 15 de marzo, añade el informe, se han identificado 140 casos donde se reportan agresiones, amenazas y/o situaciones de riesgo cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, entre ellas el asesinato de cinco comunicólogos y cuatro activistas.

Al corte del 31 de mayo –abunda– se tienen datos de fuentes abiertas de un total de 228 casos confirmados de covid-19 en centros de reclusión y 14 defunciones.

(Con información de Proceso)