Propone Morena iniciativa de amnistía a expresidentes
Se enreda la Cámara de Diputados con una propuesta alterna para que los ciudadanos perdonen o castiguen a los expresidentes
Ciudad de México. El grupo parlamentario de Morena en San Lázaro presentó una iniciativa de Ley de Amnistía para los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La propuesta, de acuerdo con la bancada morenista tiene como objetivo que la ciudadanía decida en una consulta si se les perdonan los probables delitos cometidos durante su sexenio.
Si la consulta arrojara que no se les perdonan sus probables delitos se retiraría el proyecto pero ya se habría obtenido una opinión colectiva a favor de que se castigue a los exmandatarios.
Mario Delgado Carrillo, coordinador de los legisladores de Morena aclaró que la presentación de esta iniciativa es un camino alterno a la consulta para enjuiciar a los cinco presidentes que gobernaron el país entre 1988 y 2018.
La iniciativa de Morena que está firmada por Pablo Gómez Álvarez y un grupo de legisladores de esa bancada se plantea si el pueblo de México puede olvidar las ofensas cometidas desde el poder ejecutivo en ese periodo de 30 años.
Delgado Carillo explicó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que no es válida la solicitud de consulta para enjuiciar a los expresidentes, sería muy difícil negar un ejercicio ciudadano sobre la aprobación de una ley, porque ahí no se viola nada.
De esta manera, detalló el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), si la Corte no considerara válida la petición de juicio a exmandatarios, se tendría la alternativa de la consulta sobre una Ley de Amnistía cuyo objetivo es lo que se quiere que no se apruebe.
En el cuerpo de la iniciativa presentada por Pablo Gómez se pregunta: ¿Está dispuesto el pueblo de México a perdonar a los expresidentes los delitos en los que pudieron incurrir durante su mandato?
Y explica el objetivo: Si la decisión mayoritaria fuera por el sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley y el poder ejecutivo tendría que promulgarla.
Si por el contrario, la respuesta mayoritaria fuera no, el legislativo desecharía la iniciativa, pero se tendría una especie de Ley de no Olvido.
(Con información de Proceso)
