México es un imperio de impunidad, indica Graue

De cada dos mil delitos cometidos en el país, sólo tres se castigan y 1997 quedan impunes por falta de denuncia o porque se libera a los acusados

La impunidad es un tema que necesitamos tratar con firmeza en México, y, para ello, es indispensable analizar el contexto en el que ocurren los delitos, afirmó el rector Enrique Graue Wiechers.

Al inaugurar el Segundo Congreso Internacional de Derecho Penal 2019, destacó que la impunidad será uno de los ejes de este encuentro, que reúne a expertos nacionales y de Iberoamérica.

 En este tema, dijo, nuestro país tiene mucho que avanzar, pues 93 por ciento de los delitos que se cometen no son denunciados y sólo dos por ciento de los que sí reciben alguna sanción, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018.

Asimismo, indicó que se analizarían también cuestiones como el sistema penitenciario y las controversias que hay en relación con penalizar los hechos de corrupción, entre otros.

En la apertura, realizada en el Auditorio Alfonso Caso, y acompañado por Mónica González Contró, titular de la Oficina de la Abogacía General de la Universidad, el presidente del Tribunal Universitario, decano de la Facultad de Derecho (FD) y coordinador general del congreso, Eduardo López Betancourt, expuso que la lucha contra la delincuencia no ha sido contundente en la nación, y los temas a discutir buscan mostrar opciones y soluciones ante el fracaso del derecho penal, que ha sido superado y minimizado por la corrupción y la violencia.

En su oportunidad, Raúl Contreras Bustamante, director de la FD, señaló que el cáncer más grave que nos afecta es la impunidad. “Es muy contagiosa, una epidemia. Quien delinque y no es sancionado, queda tentado a repetir su conducta antisocial; quien observa que otro delinque y no es castigado, queda instigado a imitarlo. Las víctimas de delito, cuando ven que el Estado no cumple con su obligación de protegerlos y sancionar a los delincuentes, buscan hacer justicia por su propia mano.

“Cuando la comisión del delito y la impunidad son reiteradas, las comunidades la adoptan como costumbre y reaccionan de forma violenta cuando se castiga. La impunidad es el caldo de cultivo de la corrupción”, subrayó.

Por ello, explicó, en este congreso, se hizo un análisis de derecho comparado con sistemas de justicia de otras naciones como España y Colombia. Participaron 24 ponentes y 15 conferenciantes, que además de tratar el tema de la impunidad, debatieron sobre las opciones a la prisión, la delincuencia contemporánea y la corrupción.

En el encuentro participaron especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del Comité Técnico para la Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General, entre otros.

En la inauguración estuvieron también Alberto Fabián Mondragón Pedrero, presidente del Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho; el docente Roberto Carlos Fonseca Luján, así como profesores eméritos, exdirectores y estudiantes.

Factor de poder

La delincuencia organizada se ha convertido en un factor real de poder negativo. ¿Acaso no lo tiene infiltrándose en distintas y diferentes áreas de la vida social de México, incluso en la actividad política, lo que detona otro tipo de ramificaciones violentas?, dijo Raúl Carrancá y Rivas, profesor emérito de la Facultad de Derecho (FD).

Al dictar la conferencia magistral Visión de un Jurista de la Violencia Social en México, en el Auditorio Alfonso Caso, resaltó: “Una tercera parte de la población está inmiscuida (no cómplices), de una manera u otra, en la delincuencia organizada, al extremo de que el factor real de poder de la misma se ubica en áreas del gobierno y de la investigación penal”.

El doctor en Derecho Magna Cum Laude preguntó que si la purgación de una pena de cárcel, es realmente el camino para enfrentar esa delincuencia y resolver el problema que implica. Reconoció que se debe ejercer con todo rigor el poder punitivo del Estado, en conjunción con los fines del derecho constitucional y del derecho penal, “pero no recurriendo a las penas privativas de la libertad”.

“En el caso de México, la cárcel ha demostrado evidentemente sin discusión, su absoluta inutilidad, por lo que hay que optar por las penas pecuniarias (entrega de cierta suma de dinero a favor del Estado). ¿Dónde hay readaptación social? La cárcel no elimina de suyo el crecimiento y desarrollo de una empresa criminal, el hecho es que puede haber uno y mil hombres en la cárcel, como Guzmán Loera; sin em- bargo, no importa, pues la empresa criminal seguirá en pie y bajo distintas condiciones, y llenará a la sociedad de horror y sangre”, indicó.

Raúl Carrancá insistió en que tiene que sustituirse la pena privativa de libertad por la pecuniaria, “para cerrar aquellas puertas que le abren al narcotráfico un espacio enorme para obtener ganancias inimaginables”.

 “No sólo es imperativo categórico que cambie la política del gobierno en su lucha contra la delincuencia organizada, porque no hay la menor duda de que ha fracasado la función punitiva del Estado en lo tocante al encarcelamiento, la readaptación social sólo se ha apilado en anaqueles de teoría, sino deberían de revisarse ciertas fórmulas legales que fueron hechas al vapor, me refiero a la Ley de Extinción de Dominio”, mencionó.

Al comentar parte del discurso de Carrancá y Rivas, Raúl Contreras dijo que cuando atestiguamos que el gobierno deja de utilizar el elemento coercitivo por ineficacia, por demagogia, y por argumentar que hay que ser sensibles, cuidadosos, se genera la impunidad.

Reparación del daño, gran pendiente

A su vez, Eduardo López Betancourt consideró que la reparación del daño a las víctimas de un delito sigue siendo el gran pendiente de la justicia en México.

El también catedrático estimó necesario reformular los juicios orales que, hasta el momento, “no han funcionado ni han sido la mejor opción. Se tiene que aceptar el fracaso, porque si no, no avanzamos”, reflexionó ante estudiantes y académicos reunidos en el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria.

Durante la conferencia magistral El Fracaso del Derecho Penal, el doctor en Historia destacó que Ciudad de México, y varias entidades del país viven en una violencia creciente que ha llevado a muchos ciudadanos a cerrar calles y a crear autodefensas, pues los cuerpos policiales viven uno de sus periodos más bajos de confianza, ya que la población no sabe qué es más peligroso: un delincuente o un policía.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), en 2018, 25.4 millones de personas fueron víctimas de un delito; pero se tiene un estimado de que 93.2 por ciento de los delitos no son denunciados.

El investigador remarcó que en 2018, hubo dos mil 842 víctimas de homicidio intencional y 74 de feminicidio, cuyos autores no han sido sancionados. En el mejor de los casos, dos por ciento de los delitos se sancionan en México, pues en el territorio nacional impera la impunidad.

Hace tiempo se pensó, recordó López Betancourt, en quitarle al Ministerio Público el poder omnímodo de convertirse en juez y parte, y aparecieron las reglas específicas sobre los juicios orales, propuesta que él mismo aplaudió en su momento.

“Los gobernantes procuraron dar solución con los juicios orales, pero ¿en qué se convirtieron? En instrumentos para proteger al delincuente, se olvidaron de la víctima, del que sufre el daño. Están más preocupados por ver a qué hora le otorgan la libertad. ¿Y al que le robaron? ¿Y al que le mataron a un familiar? ¿Al que defraudaron? Esos ahí que se queden, se resuelve después”, asentó.

¿Métodos de tortura?

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, expresó que por el clima de inseguridad por el que atraviesa el país, en algunos sondeos las personas han señalado que preferirían que se utilicen métodos de tortura o malos tratos para llegar a un nivel más aceptable de seguridad.

Puntualizó que “no hay peor solución; con ello, sólo caeríamos en el estado selvático, pues delito es toda aquella conducta tipificada en un código penal, y delincuente es a quien un juez determina que cometió esa conducta penal”.

Resaltó que la CNDH ha reiterado que cualquier política criminológica que excluya a los centros penitenciarios será incompleta “y no podremos avanzar en la recuperación de un estado de tranquilidad en la nación, a superar los problemas de violencia e inseguridad, si olvidamos a las prisiones, éstas son parte de esa política criminológica”.

Al dictar la conferencia La Prisión y los Derechos Humanos en México, señaló que pobreza y desigualdad no son causa-efecto de la delincuencia, pero sí condiciones, muchas veces, propiciatorias de tales conductas. “Hoy, hay niños que son captados por el crimen organizado, requerimos entonces de una política preventiva que ataque las causas estructurales y consideremos qué tanto es persona aquel que está fuera de un centro penitenciario como el que se encuentra preso”.

Aclaró que ello no significa que aquellos que delinquieron no tengan que asumir las consecuencias de su conducta, “no nos equivoquemos, las víctimas de un delito también tienen derecho a la reparación del daño y a que se haga justicia fincando responsabilidades respectivas, pero éstas para quienes se encuentran en prisión no implica que se les cancele su dignidad ni sus derechos humanos, que son intrínsecos a los individuos”.

Como política criminológica de los centros penitenciarios, la aplicación de sanciones es válida, en términos constitucionales, pero con respeto a los derechos humanos de las personas en prisión, añadió González Pérez.

“El camino es que todos cumplamos la ley, a quien se aparte de ella debe aplicársele, pero también apliquemos el respeto a los derechos humanos”, finalizó.

(Con información de Gaceta UNAM)