Justicia fiscal para garantizar el derecho humano a la educación

Piden movilizar recursos de fuentes prioritarias y directas, que paguen los que más tienen, y combatir prácticas elusivas y evasivas

La justicia fiscal es posible y puede ser muy útil a la hora de aumentar los presupuestos educativos; no obstante, “se debe tener la voluntad política de ir contra los más poderosos a fin de lograr que los países de América Latina sean más justos y equitativos, con oportunidades de trabajo para todos”, aseguró Adrián Falco, copresidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social.

Al dictar la conferencia magistral Justicia fiscal en América Latina: el impacto del fraude tributario en la educación pública, en la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, el sociólogo y economista respondió a los integrantes de la comunidad universitaria sobre cuáles son los desafíos que enfrenta la justicia fiscal para lograr invertir en educación en la región de América Latina y El Caribe.

En el evento organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM resaltó: “Tenemos que el 1 % más rico (en Latinoamérica) se queda con el 45 % de la riqueza que generamos. Desigualdad pura y dura, plena y absoluta (…) no hay avance en la inversión en la educación en el ámbito global; estamos invirtiendo poco y estamos estancados en la inversión y en la educación regional”.

En la conversación con la comunidad universitaria –moderada por Adrián Escamilla, secretario académico del PUEDJS-UNAM– Adrián Falco expuso que “globalmente se ve que no se está invirtiendo más en educación; no hay avance en la inversión en este ámbito”.

Por ello, el especialista propuso tres acciones para garantizar el derecho a la educación en latinoamericana: “movilizar recursos de fuentes prioritarias y directas, que paguen los que más tienen, combatir prácticas elusivas y evasivas, el abuso de los grandes capitales y las riquezas, así como revisar los gastos tributarios”.

“Con estas acciones se podría duplicar lo que se invierte en esta región en materia de educación; pero, además, si logramos reducir los gastos tributario, militar y de la deuda, estaríamos duplicando el que se hace en educación en América Latina y el Caribe”, refirió.

Adrián Falco puntualizó que estas acciones deben ser tomadas y aprobadas por los parlamentos en cada país. “No es un tema sencillo, y tampoco es fácil, hay muchos intereses en juego; las grandes corporaciones no son bebés de pecho, son grandes empresas que tienen intereses instaurados al interior de los gobiernos, entonces hacen que los parlamentos no puedan actuar”.

En su oportunidad, la comentarista de la conferencia, Magdalena Galindo, profesora de la FE, consideró que en México hay voluntad política y se está actuando contra el fraude fiscal, ya que la actual administración federal lleva a cabo una “reforma fiscal silenciosa”, que ha realizado modificaciones para evitar que las grandes corporaciones evadan impuestos.

“Hacer pagar a las empresas lo que les corresponde, porque durante todos estos años ha habido una invasión, una elusión y un fraude por varias vías. Una de ellas es evadir impuestos con facturas falsas. Se hizo una reforma para considerar a las factureras como un delito grave que se paga con penas específicas”, indicó.

La académica de la UNAM detalló que estas modificaciones al marco legal “han obligado a los empresarios a pagar impuestos, a través de estas medidas de condenar a los factureros, de cobrar los créditos, de prohibir las condonaciones”.

Adrián Escamilla y la secretaria general de la Facultad de Economía, Lorena Rodríguez, coincidieron en que es importante abrir estos espacios de discusión, ya que a partir de estos debates es como se pueden generar nuevas alternativas y pensar en caminos más deseables para la justicia fiscal.

(Con información de Gaceta UNAM)