Fijan pautas para integrar derechos humanos al gasto público
Ciudad de México. La UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dieron a conocer los resultados y conclusiones del Estudio sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos, cuyo propósito es influir en mejores prácticas para integrar la perspectiva de derechos humanos en la programación, ejecución y evaluación del gasto público en el país.
En el acto, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la Universidad Nacional, comentó que se trata de los resultados de un riguroso trabajo académico producto de un convenio firmado en 2016 entre la UNAM y la CNDH, mediante la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), que busca abonar a los esfuerzos de la nación por realizar este proyecto.
A lo largo de seis capítulos, dicho estudio hace un análisis pormenorizado de los modos en los que los derechos humanos pueden y deben verse reflejados en el presupuesto, mapa de ruta de todo plan de gobierno.
Con esta tarea, ambas instituciones se suman a un esfuerzo colectivo de los mexicanos: cumplir los 17 objetivos del desarrollo sostenible establecidos en 2015 por más de 15 líderes mundiales en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo.
El Estado debe tener la solvencia y capacidad necesarias para lograr que las garantías individuales sean vigentes.
Perspectiva necesaria
Por su parte, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, indicó que la materia presupuestal no puede ni debe permanecer ajena a la perspectiva de los derechos humanos.
“El Estado debe tener la solvencia y capacidad necesarias para lograr que las garantías individuales sean vigentes; sólo reformulando las políticas presupuestarias bajo una perspectiva humanista, avanzaremos en este terreno”, advirtió.
Puntualizó que este estudio conjunto proporciona diversas pautas que se espera sean consideradas por las distintas instancias encargadas de diseñar, formular, autorizar, ejercer y supervisar la materia presupuestal en México. Este documento se propone determinar el vínculo de cada programa público con los derechos humanos y sustentarlo como función y política de Estado, además de incorporar en las etapas del proceso presupuestario, de manera explícita, criterios de medición en términos de los compromisos en la materia.
A su vez, Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, subrayó que, sin lugar a dudas, los derechos humanos son uno de nuestros bienes intangibles más preciados, pero al mismo tiempo pueden llegar a ser los más vulnerados, de acuerdo con época y lugar en que nos encontremos.
Por tal motivo los representantes de los derechos humanos libran continuas y duras batallas para proteger una serie de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, “o implementar planes o presupuestos que pongan en evidencia el valor de lo que son y también para buscar mejores maneras de aplicar su difusión con la intención de que la población esté al tanto de la importancia de los derechos humanos y que sepa defenderlos y defenderse cobijándose en nuestras leyes”.
En su intervención Rolando Cordera, coordinador del PUED, dijo que es evidente que prevalecen agendas divergentes. Como se señaló en el trabajo, hay capacidades y mecanismos hacendarios que dan respuesta sin duda a diversas problemáticas, pero desde una perspectiva diferente a la de los derechos humanos. De ahí que la hacienda pública no esté preparada para dar una respuesta a este tipo de demandas.
“Lamentablemente como lo constatamos en estos días y horas, en las que tampoco parecemos estar muy preparados para hacer frente a los reclamos de la sociedad más vulnerable y afectada por los desastres que trajo la naturaleza en estos días.”
Al acto celebrado en el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, acudieron también Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía, y Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la CNDH.
(Con información de Gaceta UNAM)
