Discrepancias jurídicas favorecen la corrupción
Es urgente armonizar las normas jurídicas, el entramado de derecho penal, administrativo, procesal-penal y constitucional
Para que el combate a la corrupción en México sea efectivo, el reto más grande que enfrentamos en este momento es armonizar las normas jurídicas, el entramado de derecho penal, administrativo, procesal-penal y constitucional, porque muchas veces chocan entre ellas por los diferentes tiempos y concepciones en que fueron aprobadas, afirmó María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, la mejor estrategia para ese propósito es un combate coordinado. “Entre la armonización y la coordinación está la efectividad, y en esa tarea ninguna institución es más importante o estratégica que otra. Todas deben aportar y hacer su trabajo para alcanzar la eficacia”.
Al participar en el coloquio ¿Existe el Delito de Corrupción?, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), expuso que hay dos grandes tipos de corrupción, una que llaman pequeña u ordinaria, que se contrapone a la segunda forma: la gran corrupción, denominada así por sus dimensiones, las áreas estratégicas en las que opera y los actores que involucra, y porque captura al Estado o pretende influir en las decisiones esenciales en materia económica o política.
En la conferencia Retos y Estrategias en el Combate a la Corrupción, Mijangos Borja consideró que el primer tipo se enfrenta con penas administrativas sólidas, y en el futuro, con prevención basada en la ética en el servicio público y los ciudadanos, y en la detección y corrección de las zonas de riesgo (como son las de contrataciones, compras o servicios). “De ese modo puede ser combatida”.
Pero la gran corrupción, sentenció, se ataca con investigaciones multidisciplinarias consistentes y altamente tecnificadas, que den lugar a sanciones penales, o sea, a la judicialización con éxito de los casos, y a la extinción de dominio sobre los bienes que tienen un origen o un destino ilícito, precisó la funcionaria.
Actualmente, aseveró Mijangos, la lucha contra la corrupción está inmersa en viejas estructuras. “Necesitamos una visión integral, que ponga ese combate en una nueva estructura, un nuevo marco jurídico que esté acorde con los tiempos que vivimos, la globalización y la tecnificación”.
Tema que preocupa e indigna
Durante la inauguración del coloquio, Pedro Salazar Ugarte, director del IIJ, señaló que la corrupción se ha convertido en una cuestión de enorme preocupación, de profunda indignación y de genuina molestia por parte de la población mexicana.
Tal fenómeno no puede entenderse si no vemos su dimensión sociológica, económica o internacional, y junto con la del derecho, perspectivas que tienen que ver con cuestiones sociológicas y antropológicas. “Sin miradores interdisciplinarios, difícilmente daremos cuenta de la complejidad del asunto”, añadió en el Auditorio Héctor Fix-Zamudio de la entidad.
En la veta relacionada con la dimensión penal del tema, es esencial la voz de los juristas, de las personas avezadas en derecho, quienes tienen la palabra para explicar cuáles son las implicaciones jurídicas y cuáles podrían ser las posibles consecuencias para todos nosotros, agregó el director.
Además, señaló, las temáticas del encuentro fueron sumamente interesantes y amplias, ya que abarcaron desde el concepto, la acusación y los criterios judiciales sobre corrupción, hasta cuestiones muy puntuales, como la relación entre corrupción y empresa, o derechos humanos y corrupción.
Luego de mencionar que el IIJ cuenta con el Observatorio de la Corrupción e Impunidad, concluyó que, en este asunto tan complejo, como en muchos más, la perspectiva que debemos seguir para intentar explicar, comprender e investigar, tiene que ver con las aproximaciones jurídicas, pero también se requiere de las visiones de otras disciplinas.
(Con información de Gaceta UNAM)
