Desaparición forzada: miles de vidas rotas en México

Estados con más desaparecidos: Jalisco (10 mil 434), Tamaulipas (10 mil 049), Estado de México (5 mil 278), Nuevo León (4 mil 091), Sonora (4 mil 025)

Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación, desde el 1 de diciembre de 2006 (fecha de inicio del sexenio del expresidente Felipe Calderón, durante el cual se desató la llamada “guerra contra el narcotráfico”), hasta el pasado 25 de agosto, se contabilizaron en todo el país 67 mil 882 personas desaparecidas.

De esas, 51 mil 634, es decir, siete de cada 10 (76.06 por ciento) son hombres, y, al menos dos de cada 10, mujeres (15 mil 989, esto es, 23.55 por ciento). En 259 casos (0.38 por ciento) no se estableció el género de las personas desaparecidas y quedaron etiquetadas como “indeterminadas”.

En lo que va del presente sexenio, que arrancó el 1 de diciembre de 2018, también la mayoría de casos son de hombres: el número total de personas desaparecidas es de 19 mil 035, de las cuales 14 mil 446 (75.89 por ciento) son hombres, 4 mil 445 mujeres (23.35 por ciento) y 144 (0.76 por ciento) “indeterminadas”.

¿Cuáles son las entidades más peligrosas para desaparecer? Las que desde hace muchos años padecen guerras entre grupos criminales y donde se han implementado fuertes operativos regionales para combatirlos.

Desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el pasado 25 de agosto, los 15 estados con un mayor número de personas desaparecidas son: Jalisco (10 mil 434), Tamaulipas (10 mil 049), Estado de México (5 mil 278), Nuevo León (4 mil 091), Sonora (4 mil 025), Sinaloa (3 mil 995), Michoacán (3 mil 581), Veracruz (3 mil 566), Guerrero (2 mil 879), Coahuila (2 mil 772), Guanajuato (2 mil 410), Ciudad de México (2 mil 321), Chihuahua (2 mil 136), Puebla (2 mil 055) y Zacatecas (mil 291).

Ahora bien, no podemos olvidar que detrás de estos datos duros están las vidas rotas de un conjunto de personas muchísimo más grande, conformado por los familiares de todas y cada una de las víctimas de desapariciones forzadas.

“Por si fuera poco, al ser toleradas, también afectan a la sociedad en su conjunto porque socavan las bases del Estado democrático de derecho. Con ellas, el pacto social de convivencia pacífica se quiebra y, por consiguiente, todos nos sumimos en la incertidumbre”, afirma Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH).
Colusión

En la década de los años 70 del siglo XX, durante lo que se conoció como la “Guerra Sucia”, en lugar de detener y presentar ante un juez a integrantes de diversos movimientos sociales acusados de cometer actos ilícitos, el Estado mexicano optó por desaparecerlos.

“En la mayoría de los casos, esa forma de actuar no tuvo como fin la aplicación de la ley a quienes supuestamente la habían infringido. Lo peor de todo es que la ruta por la que atravesó ese periodo fue la de la impunidad”, agrega González Pérez.

En nuestros días, si bien es cierto que el crimen organizado ha realizado innumerables desapariciones forzadas de personas a lo largo y ancho del país, y por eso la ley ya las reconoce también a manos de particulares, otras veces han seguido interviniendo autoridades y servidores públicos. Ahí tenemos el caso de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala en 2014.

La UNAM, fiel a su compromiso con la sociedad mexicana, ha planteado propuestas para hacerle frente a este flagelo.

Fue así como en 2011, en colaboración con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, organizó la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, a partir de la cual se elaboró el documento Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia, con 36 propuestas muy puntuales de política pública dirigidas a las autoridades de los tres niveles de gobierno del país (en 2018 se realizó la segunda edición de esta conferencia, en la que se abordó el tema de los derechos humanos).

“Asimismo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el PUDH se vinculan con las diferentes entidades académicas de la UNAM para articular las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada de personas y fomentar la creación de espacios de discusión sobre la violación de los derechos humanos. Y por lo que se refiere sólo al PUDH, también interactúa con algunas autoridades.”

En opinión de González Pérez, el Estado mexicano tiene que dar a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas todo tipo de apoyos. Ambos “deben ser el eje de actuación de las instancias de procuración de justicia. Y las fiscalías tienen que fortalecer su capacidad de ubicar y fincar responsabilidades a los culpables”.

Con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora hoy 30 de agosto, se pretende que los Estados nacionales fortalezcan su capacidad para localizar e identificar a las personas desaparecidas y que los ciudadanos reflexionemos sobre el dolor, desesperanza y angustia que experimentan tanto ellas como sus familiares, y tomemos en cuenta la revictimización de que son objeto, concluye.

(Con información de Gaceta UNAM)