Sobrecargan erario chiapaneco con guaruras a ex funcionarios
Tuxtla Gutiérrez. Con la reforma al Decreto número 358 del año 2009, ahora gozarán de guardias y custodia los ex gobernadores, así como ex titulares de algunas dependencias del Gobierno de Chiapas.
Así lo señala el Periódico Oficial del Estado número 306 de fecha miércoles 12 de julio de 2017 mediante el Decreto 223, Por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto por el que se establecen medidas de seguridad y custodia para los extitulares del Poder Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Cabe destacar que con fecha 31 de octubre de 2009, se publicó el Decreto 358 mediante el cual se establecen medidas de seguridad y custodia para los extitulares del Poder Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública.
El 29 de diciembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial la trigésima tercera reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la cual incluye la adición de diversos artículos relativos a la organización del ministerio público en una Fiscalía General del Estado, dotado de autonomía Constitucional, Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios.
La responsabilidad que representa esta encomienda para el Titular del Poder Ejecutivo, el Fiscal General de Justicia del Estado y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene en ocasiones el riesgo de tomar decisiones que a grupos, sectores, personas u organizaciones, no convendría adoptar toda vez que ven lesionados los intereses que representan, sin embargo, quienes están al frente de un cargo de esta naturaleza, saben que no son pocos los riesgos que han de afrontar si esas decisiones traen consigo el beneficio para la ciudadanía.
En ese mismo sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene la responsabilidad de realizar acciones preventivas tendientes a preservar, mantener y restablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en la entidad, respetando los derechos humanos de los gobernados, así como el de brindar el auxilio de la fuerza pública al Poder Judicial del Estado, a la Fiscalía General de justicia, y demás autoridades federales, estatales o municipales, cuando así lo requieran por oficio y resulte necesario para el debido ejercicio de sus funciones.
Por ello, la LXVI Legislatura del Congreso del estado aprobó el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto por el que se establecen medidas de seguridad y custodia para los extitulares del Poder Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
(Con información de Diario Contra Poder en Chiapas)
