Sanciona IEPC al alcalde de Tuxtla por violencia política
Carlos Morales no podrá ser candidato a ningún puesto durante las elecciones de 2021 y 2024, aunque ya impugnó la medida cautelar
El Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) estableció una multa de 434 mil 400 pesos a Carlos Morales Vázquez, por violencia de género en contra de la regidora Adriana Guillén. Dicha sanción deberá ser cubierta de inmediato.
El 14 de diciembre, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IEPC declaró fundada la queja contra el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez por cometer violencia política de género.
La resolución precisa que se acreditaron plenamente las pruebas que lo imputan y que se le declaró administrativamente responsable por las infracciones previstas y sancionadas en diversas leyes en materia electoral y que prevén una vida libre de violencia para las mujeres, entre ellas el Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
Aparte, las autoridades electorales de Chiapas le impusieron como medida de reparación del daño rendir una disculpa pública a favor de la denunciante Adriana Guillén Hernández, regidora del Ayuntamiento tuxtleco, en dos medios de comunicación impresos de mayor circulación en el estado y a través de los medios electrónicos a su alcance.
Y se resolvió, al resultar responsable de los delitos denunciados, la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir, que es requisito indispensable de elegibilidad para ocupar cargos de elección popular, fijándose una temporalidad consistente en cuatro años.
Es decir, Carlos Morales no podrá ser candidato a ningún puesto durante las elecciones de 2021 y 2024.
Asimismo, se dio la instrucción para que la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Participación Ciudadana del IEPC, inscriba el nombre de Carlos Orsoe Morales Vázquez en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Él será el tercero en esta lista.
Esta resolución del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas no es un asunto que deba pasar desapercibido, pues contiene un altísimo valor histórico y político.
Para empezar, representa un bálsamo para la salud democrática de Chiapas. Porque es una determinación tomada con base en la legislación específica que ocurre precisamente en este estado en el que en años anteriores todos los consejeros electorales fueron destituidos por violar las leyes. Ahí, la fijación de un primer antecedente en la historia contemporánea.
El alcalde Carlos Morales agredió en muchas y reiteradas ocasiones a la regidora Adriana Guillén, quien fue la única entre todos los regidores en discrepar con sus malas decisiones, fue la que se opuso a las contrataciones por adjudicación directa y la que denunció la corrupción de su gobierno.
Éste, para intimidarla y coaccionarla, en una de esas veces dispersó una intensa campaña en redes sociales con mensajes y videos que denostaban y descalificaban su trabajo como regidora. Eso configuró una clara intención de obstaculizar el ejercicio pleno de sus funciones en el Ayuntamiento.
Algo más. Con la presente resolución el IEPC manda un claro mensaje a los políticos machistas y abusadores de que en Chiapas las leyes tienen vigencia en el actuar de los consejeros electorales, que se aplican sin miramientos de ninguna índole y que ellos están dispuestos a hacer justicia en casos de violencia política de género.
El otro mensaje es que el instituto electoral chiapaneco actúa con total autonomía a los poderes del Estado. No olvidemos que antes era un organismo al servicio del Ejecutivo. Esto, sin duda, es un importante avance en nuestra joven democracia.
Por todas esas razones es que debe dársele su merecida importancia.
En este proceso administrativo sancionador el IEPC emitió una resolución que es resultado de una minuciosa investigación apegada a derecho y en la que se salvaguardaron en todo momento los derechos de las partes involucradas.
Es decir, actuó con imparcialidad tanto en sus fallos como en sus investigaciones, sin pactos de impunidad ni consignas políticas.
De acuerdo con los lineamientos aprobados por el INE, todo aquel que cuente con antecedentes de denuncia, investigación, proceso o condena por violencia familiar, doméstica o cualquier agresión de género no podrá acceder a una candidatura.
Si el todavía presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez pensaba buscar la reelección o ser candidato a diputado federal, está impedido.
Y aunque Carlos Morales impugne la resolución, y más allá del resultado que de ello obtenga, no podrá borrar de la memoria pública que es un agresor político de las mujeres.
(Con información de Diario Contra Poder En Chiapas)
