Retorno pone a desplazados en riesgo de ser masacrados
Tuxtla Gutiérrez. A unos días de que unos 3 mil 500 de los más de 5 mil indígenas desplazados al monte, por violencia, retornaran al municipio de Chalchihuitán, organizaciones sociales alertaron que aún persiste el riesgo de masacre contra de ellos, ya que no se cumplió con la desarticulación de los grupos armados de Chenalhó.
De esta forma, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (Cepazdh), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz-Chiapas) y 30 organizaciones más advirtieron que ante el retorno de 3 mil 858 indígenas tzotziles los tres niveles de gobierno deben garantizar el bienestar de la población desplazada, puesto que los grupos paramilitares no fueron desarmados y desarticulados.
A su vez, destacaron que dentro de estas condiciones, el riesgo de una masacre es clara y de ocurrir, la responsabilidad será directamente con los tres niveles de gobiernos: el federal, el estatal y el municipal, quienes con su inacción han permitido este retorno al “matadero”, ya que van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada.
Asimismo, lamentaron que varios de los desplazados reflejan signos de enfermedad e impactos psicológicos de la violencia, “todo lo cual da evidencia que en ningún momento están aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, lo cual implica que no se están respetado, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las desplazadas y desplazados ahora retornados”.
Por ello, declararon que el retorno a las siete comunidades indígenas es de altísimo riesgo para integridad física de centenas de familias, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, “ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal”.
A esto, informaron que de acuerdo a testimonios los indígenas fueron presionados por funcionarios de Protección Civil para el regreso inmediato a sus comunidades, acción que los deja sin condiciones y sin medidas de seguridad.
“El grupo que recie´n retorno´ a sus comunidades –Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejelto´n y Bololchojon– son 3 mil 858 personas (niños, niñas, mujeres, hombres) y según testimonios, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno —sobre todo de protección civil—, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó´ la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad”, comentaron.
A lo anterior, mencionaron que la situación en la zona de conflicto sigue siendo grave, ya que de acuerdo a testimonios los disparos con armas de alto calibre siguen manteniendo en un clima de tensión en la región.
“Es grave que, diversos testimonios confirman que continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones”, aseguraron.
Ante esta situación grave y crítica, exigieron el alto a las acciones armadas en la región, como la desarticulación, el castigo y que se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así´ como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades.
Cabe hacer mención, que del total de personas desplazadas, otras mil 165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continua haciendo el grupo armado de corte paramilitar.
(Con información de Diario Contra Poder en Chiapas)
