Pasan consorcios sobre derechos humanos

Grandes empresas como Grupo Higa, Monsanto y Energía Eólica del Sur han violentado los derechos humanos de diversas poblaciones en México.

Lo anterior se desprende del “Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, presentado este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con Elena Villafuerte Mata, integrante del área de Justicia Transnacional en la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (ProDESC), quien estuvo presente en Ginebra, Suiza, durante la presentación del estudio, el gobierno de Enrique Peña Nieto habría privilegiado garantizar las obras a grandes empresas, por encima de los derechos humanos. Y la Reforma Energética, dijo, ha propiciado el aumento de atropellos a los derechos humanos por parte de las empresas.

“La realidad es que los temas de la consulta indígena, y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, están pendientes en la agenda del Estado mexicano, pero específicamente en lo que se refiere a la Reforma Energética”, puntualizó.

Y señaló que la respuesta del gobierno federal ante el Informe “no ha despejado dudas de que empresas sigan involucrándose en nuevos atropellos”.

“El Estado mexicano hizo una intervención acotada, pero definitivamente no abordando de manera crítica o propositiva los temas que vienen en el informe, ni las recomendaciones del Grupo de Trabajo”, sostuvo.

El gobierno federal, agregó, se ha visto comprometido en diversas ocasiones con estas mismas empresas. Este podría ser el caso de los atropellos, detallados en el Informe, de Grupo Higa para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que ha expropiado terrenos de comunidades indígenas en Xochicuatla, Estado de México.

Más de cien organizaciones civiles que colaboraron con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas documentaron en su etapa preliminar: 32 abusos al derecho a la tierra y el territorio por parte de empresas, 28 casos de falta de acceso de información sobre trabajos, 22 abusos al derecho a un medio ambiente sano, 17 de impactos a la salud de la población, 17 de falta de cumplimiento a derechos indígenas.

Oponerse a los proyectos de las empresas puede resultar contraproducente en México. El Informe, en su etapa preliminar, documentó 32 casos de agresiones contra personas que se resistían a esos proyectos.

“Incluso en el propio informe se habla de que existe una ansiedad del gobierno mexicano de atraer inversiones. Y que eso combinado con esa dinámica de corrupción e impunidad da un marco para que se cometan abusos en el marco de las actividades empresariales”, dijo la representante de ProDESC.

El Informe destaca el caso del parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, de la empresa Energía Eólica, que se detuvo después de que una resolución de un Tribunal Federal decidió en 2015 conceder un amparo a las comunidades locales.

Y pese a que pueblos indígenas fueron consultados durante dos años con el fin de ganar su consentimiento para la obra, finalmente parte de los locales no terminaron por concederlo. Aun así, en 2016 un Tribunal volvió a darle luz verde al proyecto.

Las consultas en ocasiones han debido de ser ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Yucatán y Campeche. Sólo después de que las autoridades aprobaron a Monsanto cultivar soja transgénica sin consultar con los pueblos originarios afectados.

“Las comunidades locales señalaron que, entre otros agravios, la contaminación de las fuentes de agua con herbicidas, la deforestación y las repercusiones del proyecto en la apicultura tradicional de la comunidad maya eran causa de preocupación”, destaca el informe.

Dolores Rojas, coordinadora de programas de la Fundación Heinrich Böll, expresó que uno de los puntos a resaltar sobre el trabajo presentado en Suiza es el llamado que se hizo al gobierno federal sobre las consultas populares en el emprendimiento de proyectos.

“Un tema que a mí me parece importante como es el de la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme el Convenio 169 OIT, se reitera que las consultas deben de realizarse lo antes posible y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables. Es decir, si en la comunidad dice no, pues las empresas tendrán que aceptarlo. En México pasa justamente lo contrario”, sostuvo Rojas.

Los derechos ambientales de la población también han sido vulnerados por empresas transnacionales, dice el informe, y destaca el derramamiento de sulfato de cobre por parte de la minera Buenavista del Cobre, filial del Grupo México, en el Río Sonora, el 6 de agosto de 2014.

El informe recuerda que ese ha sido el mayor desastre ambiental de la industria minera en México, ya que afectó directamente a cerca de 22 mil personas, con efectos también en el ganado y los cultivos, y de manera indirecta a 250 mil personas de siete municipios situados a orillas del río Sonora: Arizpe, Banamachi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures”, cita el trabajo.

En otros casos las empresas detrás del desastre son más numerosas. El Grupo de Trabajo de la ONU visitó el Río Santiago, Jalisco, “el más contaminado de México”, cita el trabajo.

El Informe del Grupo de Trabajo detalla que desde 2002 van a dar al río los vertidos de más de 300 empresas instaladas en el corredor industrial de Ocotlán-El Salto.

Este río corre por los municipios de Juanacatlán y El Salto, afectando así a 300 mil personas, sin embargo, la población de la cuenca fluvial podría ascender a 7.5 millones.

(Con información de Apro a través de Diario Contra Poder en Chiapas)