Migrantes viven vulnerables en espera de ser atendidos

Sufren constantes prácticas violatorias a sus derechos humanos, bajo la ausencia de las instituciones de protección, dicen

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tras recorrer diversos puntos de la frontera sur en el estado de Chiapas, organizaciones sociales y un par de legisladores federales advirtieron la situación de vulnerabilidad en la que la que se encuentran las personas migrantes en la zona, principalmente niñas, niños de adolescentes quienes sufren constantes prácticas violatorias a sus derechos humanos, bajo la ausencia de las instituciones de protección.

Integrantes del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, el Grupo de Acción para la No Detención de Personas Refugiadas y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria; el Senador Emilio Álvarez Icaza y Rosa María Armendariz, en representación de la Senadora Beatriz Paredes Rangel, hablaron sobre los resultados de la Visita in Situ Chiapas, realizada del 21 al 23 de junio a la estación migratoria Siglo XXI y estancias provisionales dependientes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Además de albergues municipales y estatales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF); el albergue de sociedad civil Hospitalidad y Solidaridad; e instalaciones operadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Los defensores detallaron que luego de los recorridos y reuniones con autoridades, fue posible documentar el riesgo que viven niñas, niños y adolescentes, mujeres y otras poblaciones con necesidades específicas y en condiciones de especial vulnerabilidad, debido a la falta de mecanismos para la detección y canalización oportuna a instituciones correspondientes.

El senador Emilio Álvarez Icaza dijo haber atestiguado prácticas violatorias parecidas a las realizadas en los campos de concentración durante la segunda guerra mundial.

El legislador sostuvo que el albergue de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), conocido como Laureles, “se marca con plumón en el brazo de las personas como si fueran campos de concentración de los migrantes, son prácticas absolutamente vejatorias e ilegales, con el silencio de los organismos internacionales”.

Además, acusó, se les encierra, incluidos menores de edad con sus familias “por más de una semana sin acceso a alimentos, a aire fresco o luz del día, con el silencio de las entidades de derechos humanos y organismos internacionales, por supuesto que genera una enorme tensión, preocupa sobre manera las expresiones de xenofobia que se están viviendo”, relató.

En este contexto, las organizaciones coincidieron en que la frontera de Chiapas se encuentra en una crisis humanitaria que se profundiza con la militarización de política migratoria del Gobierno federal, generando graves violaciones sistemáticas de Derechos Humanos.

“El impacto que tiene la militarización y presencia de la Guardia Nacional, en contraste con la ausencia de las instituciones responsables de la garantía de derechos en los espacios de control y verificación migratoria, y de la poca disponibilidad de información y los obstáculos para acceder a procesos de regularización migratoria y de reconocimiento de la condición de refugiadas, así como las constantes violaciones a derechos de las personas detenidas en estaciones migratorias. “Asimismo, fueron evidentes las dificultades a las que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil para realizar su labor de acompañamiento y monitoreo en estaciones migratorias y estancias provisionales”, fueron algunos de los hallazgos tras los recorridos.

Por lo anterior, urgieron al Estado mexicano a eliminar la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con la Ley de Migración vigente; activar programas de salida de detención para solicitantes de asilo; derogar facultades de la Guardia Nacional en acciones de control y verificación migratoria; y esclarecer y fortalecer los procesos de colaboración y canalización interinstitucional y con sociedad civil en el estado.

Además de instar al Congreso Federal a realizar una armonización legislativa, monitoreo de la implementación de la reforma sobre niñez y adolescencia migrante, transparencia y rendición de cuentas (especialmente en lo relacionado con el presupuesto destinado a las acciones de control y detención por razones migratorias), fortalecimiento presupuestal para la COMAR y las procuradurías de Protección a la Infancia, y otras entidades como salud, educación y trabajo para la atención de población migrante.

(Con información de El Economista)