Los linchamientos mediáticos y la presunción de inocencia

El día de ayer se filtró en los medios y en las redes sociales la denuncia en contra de 25 ex presidentes municipales, contra el dirigente del PRI estatal y el director general del Conalep Chiapas.

Esta filtración incurre en la violación del debido proceso y somete a los presuntos responsables a un linchamiento mediático en las redes sociales, que se convirtieron en tribunales inquisitorios, sin que el juez haya dictado sentencia al respecto.

En el país, en la última década se aprobaron tres reformas constitucionales que transformaron el paradigma del derecho constitucional, en el que se busca armonizar la constitución mexicana con el derecho internacional. Estas reformas fueron el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la nueva Ley de Amparo y la reforma del artículo 1º constitucional en materia de derechos humanos.

Sin embargo, los resultados en la aplicación de estas reformas no es satisfactoria en Chiapas, sobre todo porque los cuerpos policíacos, el ministerio público y los jueces siguen actuando como si no existiera un nuevo imperativo jurídico, que los obliga a desarrollar nuevas estrategias y una cultura en la investigación, en la procuración y en la impartición de justicia.

El manejo mediático que se viene dando a los tres sucesos mencionados, viola la presunción de inocencia y al hacer pública la nota, e inclusive mostrar las fotografías de los presuntos responsables, se está poniendo en riesgo el debido proceso y al respecto existen resoluciones en la Corte, como la del caso de la francesa Florence Cassez, en donde el reconocimiento a la violación al debido proceso obligó a la autoridad judicial a determinar la liberación de la procesada.

Probablemente entre los acusados hayan personas que sean indefendibles, pero eso no significa que se les debe violentar el derecho que tienen a un proceso justo. Sobre todo a que la culpabilidad es una atribución exclusiva del juez y al respecto no ha existido ninguna sentencia de condena por parte del órgano jurisdiccional.

Esta filtración, más que la búsqueda de la aplicación de la ley, tiene un mensaje político, que contamina el proceso electoral, en un momento en el que aún prevalece la incertidumbre política, al no estar debidamente definidas las candidaturas a la gubernatura.

El proceso electoral del primer domingo de julio ya no van a ser unas elecciones tranquilas y en paz. Lo grave, es que es el propio gobierno el que se ha encargado de violentarlo y de dividir a la sociedad chiapaneca, en donde el pleito entre el PRI y el Partido Verde es real y el encono que existe muestra que ya no hay condiciones para reconciliar los intereses de estos partidos, de cara a la próxima contienda electoral.

La disputa política condujo a una situación en donde Chiapas pierde, pero eso no parece importarle a los grupos que defienden sus propios intereses, en el que se corre el riesgo de la aparición de la violencia y que el proceso electoral se realice sobre ríos de sangre.

(Con información de Diario Contra Poder en Chiapas)