Los derechos políticos de los pueblos indios
La ausencia de una cultura de respeto a los derechos humanos genera la reproducción de prácticas violentas y autoritarias no sólo de parte de las autoridades, sino entre la propia población y las organizaciones políticas.
En este sentido, la violencia del Estado se reproduce en prácticas que tienen que ver con los acuerdos y disputas comunitarias, por el control de las actividades productivas entre las organizaciones, en el control de los mercados y el transporte, en las asambleas comunitarias y en las movilizaciones magisteriales. Esta violencia que se presenta en las organizaciones de la sociedad civil, conducen a violaciones de derechos humanos, al cierre constantes de carreteras y a la expulsión de población en las comunidades por motivo religiosos o políticos.
Estas prácticas de violencia, institucional o por prácticas políticas de los grupos, son una muestra de la descomposición del régimen político en un doble sentido; que recurre a la represión y al autoritarismo como mecanismo de control, pero también muestra una cultura política en la población contraria al espíritu democrático, que fortalece la intolerancia y el autoritarismo.
En el país, la ausencia de políticas en derechos humanos, se debe en mucho al modelo implementado que definió a un Estado social autoritario, de partido hegemónico, en donde se restringieron libertades, se limitó la construcción de ciudadanías, se establecieron relaciones políticas no democráticas, se concentró la actividad política al interior del partido y se disfrazó a la disidencia con un discurso y una práctica que convocaba y obligaba a la disciplina. Todo esto produjo una pobre cultura política en el país y una oposición simulada y poco desafiante al orden establecido, que con los años terminó reproduciendo los mismos vicios y prácticas autoritarias del partido dominante.
De allí que estas prácticas de violación a los derechos humanos se reproduzcan en los ámbitos locales, mismas que no son más que respuestas de un orden instituido en la sociedad en su conjunto; en donde el autoritarismo se erige sobre la ausencia de prácticas democráticas.
Desafortunadamente en Chiapas, el déficit de vida democrática es mayor a la media nacional, sobre todo, por las mismas deficiencias de su sistema educativo y por los altos niveles de pobreza en la población. Esto genera que los distintos tipos de violencia en la entidad, representen problemas de seguridad nacional, situación que obliga a que no se subestimen los sucesos que generan enfrentamientos, bloqueos y cierre de carreteras, que peligrosamente pueden ser más recurrentes y de mayores consecuencias a los que se vienen presentado.
Los ejemplos de los municipios de Oxchuc y Chenalhó, en donde las presidentas municipales fueron orilladas por la población a pedir licencia definitiva de esos cargos, elevó la interposición de recursos en el TRIFE, quien resolvió la reinstalación como presidentas municipales a Rosa Pérez de Chenalhó y a Maria Gloria Sánchez, de Oxchuc, situación que deslegitima el proceso electoral en el que fueron electas y de facto se reconoce una validez al procedimiento de la asamblea, mediante el cual los pueblos indios, durante décadas atrás, han definido la forma de construcción de acuerdos y elección de autoridades.
Al respecto, ahora que se está discutiendo en el IEPC la paridad de género, resulta igual de importante, que se discuta la importancia de elección de autoridades municipales mediante usos y costumbres, situación que se reconoce en la constitución, en donde se faculta a las entidades federativas para que legislen en materia de autonomía, como parte de uno de los derechos políticos de los pueblos indios.
En Chiapas, lamentablemente, hay una ausencia de legislación sobre derechos políticos de los municipios indígenas, pero después de 22 años que iniciara la revuelta zapatista, es tiempo de que estos asuntos se retomen por el IEPC y el Congreso Local, para que se acuerde la discusión de una legislación que reconozca a los gobiernos autónomos de facto y se legisle sobre los procedimientos para la designación de las autoridades municipales indígenas, sin la injerencia de los partidos, que alimentan los conflictos y dividen a las comunidades, tal y como sucede en Oxchuc, Chanal, Chenalhó, Zinacantán, Chamula, Tenejapa Ocosingo e Ixtapa. (Con información de José Adriano Anaya)
