Las universidades, un desastre en Chiapas
La realidad suele desmentir los discursos demagógicos. El lunes, mientras en la inauguración de la Cátedra ANUIES, Manuel Velasco Suárez, el gobernador de la entidad manifestaba: “Mi compromiso es ir de la mano con las universidades para lograr que la excelencia académica sea el factor del progreso no solo para los universitarios sino para nuestro estado y nuestro país”, en San Cristóbal de Las Casas, paramilitares de San Antonio del Monte, ligados al Dr. Ramón Guzmán Leyva y encabezados por el Rector de la UNICH y por la asesora del gobernador Karen Ballinas, agredían a estudiantes de la Universidad Intercultural que se encuentran en paro, debido a que esa institución perdió el rumbo y su proyecto académico.
En Chiapas no se puede hablar de excelencia académica y menos en el ámbito universitario. La realidad es demasiada cruenta para ese discurso en Chiapas, porque en el actual gobierno se han deteriorado a las instituciones de educación superior.
Por ejemplo la UNICH, en cuatro años de gobierno ha tenido seis rectores; en la UNICACH, han existido dos procesos de designación de Rector, las dos caracterizadas por la ilegalidad; una reelección del rector sin que existiera fundamento legal para ello, que fue removido a los seis meses para evitar que una resolución de un Juez Federal ordenara su destitución y otra, en la que se designa como rector al peor de los candidatos, que no cubre ninguno de los requisitos que establece la legislación universitaria y que finalmente será destituido en los próximos meses por una resolución Judicial.
En la UNACH se modificó la Ley Orgánica en un fin de semana, para abrir la posibilidad de la designación del actual rector, quien paradójicamente tampoco fue el mejor de los candidatos. Lo significativo de estas maniobras es que tanto en la UNICACH como en la UNACH, el responsable directo en la imposición de los rectores es Jesús Agustín Velasco Siles, el tío incómodo del gobernador, a quien su padre lo corrió de Chiapas al percatarse que carecía de una conducta moral apropiada y que el lunes estaba en primera fila en un evento sobre la Ética del Desarrollo Sostenible.
En la entidad no puede hablarse de excelencia académica, porque ninguna de las instituciones públicas de educación superior está dirigida por académicos, por universitarios que gocen de prestigio y que tengan entre sus haberes obra publicada, que participen en la formación de recursos humanos y cuenten con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores.
En Chiapas las universidades no son de excelencia, porque existe una actitud gubernamental de entorpecer su funcionamiento y porque sistemáticamente violan la autonomía universitaria imponiendo rectores que poco o nada saben del trabajo universitario.
Las instituciones de educación superior en Chiapas realizan un pobre trabajo de investigación, que poco impacta en la mejora de vida de la sociedad y en las políticas públicas del gobierno.
En la UNACH, no son más de 100 profesores los que realizan investigación, en la UNICACH son menos de 50 y en la UNICH, que desde hace varios meses vive en conflictos atizados por el colaborador gubernamental Ramón Guzmán Leyva, tiene 8 profesores que realizan investigación, de este número seis investigadores se encuentran inconformes con el manejo de la UNICH y la respuesta de la autoridad ha sido perseguirlos y desprestigiarlos mediáticamente.
Para los académicos comprometidos con el trabajo universitario, resulta ofensivo escuchar al gobernador decir que su “compromiso es ir de la mano con las universidades para lograr que la excelencia académica sea el factor del progreso”, sobre todo porque se conoce perfectamente que el gobierno no cumple con sus compromisos presupuestales con las universidades.
A la UNACH les deben más de 300 millones de pesos, a la UNICACH 80 millones y en la UNICH, el gobierno federal ya envió un comunicado exigiendo que la entidad aporte los recursos que le corresponde o la federación podría retirar los apoyos que proporciona para el funcionamiento de esa institución.
La crisis presupuestaria en estas universidades es delicada, que dejaron de pagar, desde el año pasado los servicios médicos y las prestaciones sociales que proporciona el ISSSTE y el Seguro Social, sin que esto genere preocupación al gobierno, que actúa con indiferencia y marcado cinismo. (Con información de José Adriano Anaya)
