Investiga CNDH la violencia mortal en Amatán, Chiapas

Alertan sobre la posibilidad de una nueva transgresión de sus derechos humanos a la integridad, seguridad personal y a la vida

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo la investigación del caso de violencia en Amatán, donde perdieron la vida los defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.

De igual manera, anunció que buscará determinar posibles violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas, y solicitó a la Fiscalía General de la República que considere la atracción del caso, que por su naturaleza y gravedad incidió en la opinión pública nacional.

Tras condenar el doble crimen y expresar sus condolencias a los familiares y compañeros de las víctimas, destacó que dará seguimiento a la implementación de las medidas cautelares solicitadas.

El organismo exigió a las autoridades una investigación exhaustiva, profesional y efectiva que permita dar con los responsables, presentarlos ante la justicia y que reciban el castigo que en derecho corresponde.

Asimismo, expresó su preocupación por los actos de violencia y agresiones que sufrieron diversos pobladores del municipio de Amatán, y alertó sobre la posibilidad de que haya una nueva transgresión de sus derechos humanos a la integridad, seguridad personal y a la vida, por la inseguridad prevaleciente en la localidad.

De acuerdo con la CNDH, el pasado jueves 17 la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) presentó una queja porque ese mismo día un grupo “paramilitar” irrumpió en la presidencia municipal de Amatán, realizó disparos de arma de fuego y agredió físicamente a diversas personas, además de que privó de la libertad a los defensores de derechos humanos cuyos cadáveres fueron encontrados dos días después con huellas de tortura.

Manifestó que desde el momento en que la CNDH conoció tales hechos, solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a la Oficina del Comisionado General de la Policía Federal y a la Secretaría General de Gobierno del estado de Chiapas, la implementación de las referidas medidas cautelares, tendentes a garantizar y salvaguardar la integridad física de los pobladores de Amatán, así como la búsqueda y localización de las víctimas.

Personal de la CNDH realiza diversas actuaciones para allegarse de elementos e información que permitan integrar debidamente el caso, y en su momento emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda, abundó.

Por separado, la CNPA-MN y el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común (MPJBC) dieron a conocer que en Amatán se ha agudizado la violencia a raíz del ataque paramilitar y policiaco contra el plantón pacífico que mantenían integrantes de ese movimiento en la localidad.

En conferencia de prensa, el abogado Leonel Rivero y el vocero de la CNPA-MN, Jesús Gutiérrez Valencia, pidieron a los organismos defensores de derechos humanos que intervengan “para resolver el conflicto social por la vía del diálogo”.

Señalaron que, a pesar de la agresión paramilitar-policiaca –el pasado jueves 17–, los gobiernos estatal y federal siguen sin establecer medidas efectivas de protección para activistas y dirigentes visibles del movimiento, y hay más personas que han sido amenazadas de muerte durante y después de la agresión armada.

“Lo peor de todo es que el gobierno federal, al cual le hemos exigido su intervención para resolver este conflicto, sigue minimizando el problema, pues desde los fatales acontecimientos la Secretaría de Gobernación Federal no ha establecido una reunión (…)”, manifestaron en conferencia de prensa.

Asimismo, señalaron que es falso que haya diálogo con la organización a la que pertenecían los agraviados (CNPA-MN), como lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su visita a Chiapas el pasado miércoles 23.

Tanto el gobierno estatal como el federal “siguen encubriendo de esa manera a los Carpio Mayorga y su grupo paramilitar, así como a los posibles autores intelectuales de la agresión armada, que son Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar”, subrayaron.

Rivero y Gutiérrez resaltaron que el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad ante los hechos, darle una salida pacífica al problema, resarcir los daños causados y contribuir a reestablecer el tejido social de las comunidades y colonias del municipio de Amatán.

En ese sentido, demandaron el desmantelamiento de los grupos paramilitares al servicio de los Carpio Mayorga y sus padrinos políticos, Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar, y que se reconozca el Consejo Indígena y Popular de Amatán.

“Pero sobre todo que se castigue a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestros compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez”.

(Con información de Diario Contra Poder en Chiapas)