Inacción del gobierno y protesta social
Tuxtal Gutiérrez. En los gobiernos de Juan Sabines y en lo que va del gobierno de Manuel Velasco se han ejercido más de 650 mil millones de pesos, sin que este presupuesto se haya reflejado en mejores indicadores de bienestar o en beneficios sociales concretos para la población, que justificaran ese gasto.
Más bien, la ausencia de proyectos de gobiernos y el despilfarro presupuestal en estas administraciones, condujo al crecimiento de la pobreza, en 77.4% de la población chiapaneca, en la que se vienen pagando cuatro millones de pesos diarios a una deuda pública, a la que no se le ha investigado cómo y por qué creció sin control alguno ni en que se invirtieron esos recursos y cuáles fueron los resultados.
El presidente Peña Nieto ha visitado más de una decena de veces la entidad y en esas visitas sus mensajes expresan expectativas de mejora en la población.
Sin embargo, las reformas estructurales aprobadas en su gobierno, representan un riesgo mayor en el deterioro ambiental en el territorio y esto ya generó acciones de resistencia en varias comunidades indígenas, debido a que una serie de proyectos económicos previstos para Chiapas; como son la construcción de dos presas hidroeléctricas y una termoeléctrica; el desarrollo de la explotación minera y la extracción de gas y petróleo, que desde los años setentas del siglo pasado se sabe que existen en gran parte del subsuelo chiapaneco, así como el megaproyecto turístico en Agua Azul, son una amenaza para la cultura y el territorio de los pueblos indios.
Los conflictos en Chiapas están latentes en gran parte del territorio. Hoy día, se viven problemas de gobernabilidad en los municipios de Oxchuc, Tila, Chenalhó, Venustiano Carranza, Ixtapa, Altamirano, Las Margaritas, Bochil, Chanal, Simojovel, El Bosque, Pueblo Nuevo, Chilón, Ocosingo, Yajalón, Chicomuselo y Frontera Comalapa, en donde los gobiernos municipales se encuentran fuertemente impugnados y rebasados y en donde se prevé que haya acciones para impedir la instalación de casillas electorales.
De igual manera el actual gobierno local, no ha sabido responder económica ni políticamente a los problemas de la entidad y hoy se vive un incierto panorama que agudiza las perspectivas y las condiciones del futuro.
En Chiapas, la perversión de lo político es extrema, pues en los primeros tres años de gobierno la preocupación de los funcionarios fue ganar las elecciones y gran parte del presupuesto fue destinados para la obtención del voto; hoy día, en el sexto año de gobierno, la situación social ha empeorado por la crisis financiera, pero la preocupación de los funcionarios sigue siendo la misma que en el inicio del gobierno: obtener el máximo de provecho económico y abrir las posibilidades políticas para ocupar un cargo de elección popular.
Estos funcionarios nunca entendieron que lo político es todo el sistema mediante el cual se mueve el ejercicio del poder y la construcción de gobernabilidad democrática.
Esto ha generado una ausencia del quehacer político, que produjo una inacción del gobierno en la toma de decisiones, que alimentó la movilización de los grupos y la protesta social, que tiene en jaque a varias presidencias municipales y al gobierno estatal.
En realidad, este gobierno desperdició la oportunidad de construir y ofertar nuevas condiciones de esperanza para un futuro mejor y actuó con indiferencia ante los problemas sociales de la entidad. Nunca tuvo como preocupación la necesidad del cambio y tampoco envió señales que generaran certezas y no el caos que se percibe en todos lados por la falta de autoridad en la toma de decisiones.
(Con información de José Adriano Anaya, vía Diario Contra Poder en Chiapas)