Hostiga gobierno de Chiapas a indígenas
Familiares de las víctimas y sobrevivientes de la llamada “estrategia de guerra contrainsurgente”, implementada por el gobierno mexicano en Chiapas de 1995 a 1999, denunciaron hostigamiento, intimidaciones y persecuciones con órdenes de aprehensión “injustas y citatorios con amenazas de multas”, por parte del sistema de administración de justicia estatal.
Mediante una carta enviada al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, indígenas choles informaron que se reunieron en la comunidad de Susuclumil, Tila, el pasado 22 de octubre y denunciaron la falta de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia, con la complicidad y responsabilidad del Estado mexicano, en la llamada Campaña Chiapas 94.
Por ello, informaron que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantener el seguimiento y determinar la responsabilidad del Estado mexicano en las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado interno.
Un año después de la aparición del EZLN, en la zona norte de Chiapas el Estado mexicano implementó una estrategia de guerra contrainsurgente contra la población civil, a través del plan de Campaña Chiapas 94, con el objetivo de eliminar bases de apoyo zapatistas, según recordó esta noche el Centro Frayba.
De 1995 a 1999, agregó, se formaron grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad que contaron con la preparación y protección de distintos niveles de gobierno. Hubo desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura sexual, así como detenciones arbitrarias que continúan en la impunidad.
“A lo largo de estos 21 años, nos hemos enfrentado a la falta del acceso a la justicia, a los constantes hostigamientos, intimidación y persecución con órdenes de aprehensión injustas por parte de los procuradores y administradores de ‘justicia’, quienes han actuado hasta hoy como protectores de los paramilitares, de la impunidad”, denunciaron los indígenas choles.
“Algunos de nuestros compañeros aún cuentan con órdenes de aprehensión por delitos prefabricados por el grupo paramilitar Paz y Justicia y convalidado por las autoridades gubernamentales”, añadieron.
Estrategia de terror
Según su queja, “hasta hoy, el gobierno mexicano se niega a reconocer su responsabilidad en las graves violaciones a derechos humanos cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia, negando que somos víctimas del conflicto armado interno entre los años de 1995 a 1999”.
En el pronunciamiento enviado a través del Frayba, aclararon que “el conflicto en la zona baja de Tila no fue un conflicto agrario, religioso o partidista, sino que fue una estrategia implementada para provocar el terror a la sociedad y acabar con el apoyo al EZLN. Las comunidades de la zona baja de Tila ya se encontraban regularizadas antes del conflicto iniciado el 1de enero de 1994”.
Los denunciantes aseguraron que desde el 2004 presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ocho casos que ejemplifican el terror que viven en la zona baja de Tila. Los casos son de Rogelio Jiménez López, Mateo Arcos Guzmán, Miguel Gutiérrez Peñate, Nicolás Mayo Gutiérrez, Sebastián Pérez López, Héctor Pérez Torrez, Domingo Vázquez Avendaño y Minerva Guadalupe Pérez Torrez.
Agregaron que durante todo este tiempo han constatado “la protección del Estado mexicano al grupo paramilitar Paz y Justicia, pues sus investigaciones nunca han sido eficaces para determinar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos”.
Por el contrario, resaltaron que los únicos que permanecen presos son Samuel Sánchez Sánchez, Sabelino Torres Martínez, Diego Vázquez Pérez y Marcos Albino Torres Martínez.
En tanto, aseguraron que los responsables intelectuales de estos crímenes “continúan gozando de los beneficios de la impunidad y los responsables materiales que no han ido a la cárcel se cobijan bajo el partido Verde, equipados con vehículos, con radios de comunicación y goce de sueldos en el Ayuntamiento municipal, con la finalidad de mantener el control político en las comunidades”.
En la carta enviada al Frayba, denunciaron que hasta hoy el gobierno mexicano “nos sigue intimidando y hostigando, pues muchos de nosotros hemos recibido citatorios para careos con los presos y si no nos presentamos seremos objeto de grandes multas, así como ser obligados con el auxilio de la fuerza pública para presentarnos cuando hemos sido las víctimas directas e indirectas”.
Y no es todo. Dijeron que ha habido hostigamiento a familiares de Samuel Sánchez Sánchez, “queriéndonos obligar a declarar con notificaciones de un día para otro”.
Entonces, advirtieron que no se presentarán a ningún citatorio, “mientras el gobierno mexicano no investigue de manera eficaz los hechos y se determine los verdaderos autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en la zona baja de Tila, porque las investigaciones hechas hasta hoy no han servido para nada, solo para proteger la responsabilidad del gobierno mexicano”.
Por último, reiteraron que mientras su caso no tenga respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no acudirán a ninguna instancia mexicana. (Con información de diario Contrapoder en Chiapas)
