Gobierno de Chiapas se niega a atender recomendación de la CNDH
Tuxtla Gutiérrez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Raciel López Salazar y al alcalde de Tila, Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, relacionada con la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de Tony Reynaldo Gutiérrez López, un indígena chol en julio de 2015.
En su recomendación 44/2017 el organismo nacional presidido por Luis Raúl González Pérez documenta las violaciones a la integridad personal y al acceso a la justicia, en la modalidad de inadecuada procuración de justicia, en agravio de la concubina del fallecido y sus tres hijos que procreó con él.
El 21 de agosto de 2015, la CNDH recibió una queja donde se expone que una mujer chol reportó la desaparición de su esposo ante la entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas.
A Gutiérrez López se le vio por última vez el 17 de julio de ese año en la comunidad de Nueva Esperanza, a donde acudió a una capacitación electoral para ser funcionario suplente de casilla para las elecciones municipales del ayuntamiento de Tila.
Siete días después apareció el cadáver del indígena chol, colgado de un árbol y con huelas de tortura, cerca del rancho San José Changuinic, por la comunidad de Petalcingo.
Su esposa acudió a las autoridades y responsabilizó al entonces alcalde de Tila, Limberg Gregorio Gutiérrez Gómez, como el presunto autor del homicidio.
Las autoridades iniciaron la averiguación previa por el delito de homicidio simple en agravio del fallecido contra los policías municipales implicados.
La CNDH radicó el expediente CNDH/4/2015/7047/Q y confirmó que el 17 de julio de 2015, al salir de la capacitación, Gutiérrez López fue detenido por dos policías municipales que no lo pusieron a disposición de autoridad alguna y acreditó la privación de la libertad por esos elementos en la modalidad de detención arbitraria.
Asimismo, detalla que, una vez desahogadas las diligencias para la integración de la primera averiguación previa, se ejerció la acción penal contra los uniformados, que originó la Causa Penal 1 por el delito de homicidio, radicada en el Juzgado Tercero, mismo que el 9 de junio de 2016 emitió auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley en favor de los policías, por considerar insuficientes los elementos de prueba para demostrar su probable responsabilidad.
La CNDH documentó también que el Ministerio Público no realizó diligencia alguna para robustecer la investigación relacionada con la muerte de la víctima en el periodo del 9 de septiembre de 2016 al 22 de mayo de 2017, cuando, ante las solicitudes formuladas por la CNDH, se citó a la concubina del fallecido para que aportara mayor información que posibilitara un nuevo auto de formal prisión contra los policías.
Además, la investigación realizada atendió sólo a la acreditación del delito de homicidio simple, y no se recabaron ni analizaron los elementos existentes para la privación de la vida de la víctima de manera agravada, pues desde los estándares en Derechos Humanos constituyó un acto de ejecución arbitraria.
Alcalde omiso
Ante esto, la CNDH pidió en la Recomendación al Fiscal General del Estado de Chiapas que, en coordinación con el ayuntamiento de Tila, se repare ahora el daño a las víctimas supervivientes a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que deberá incluir indemnización justa y atención psicológica; asimismo, deberá inscribirlas en el Registro Estatal de Víctimas.
También deberá investigar de manera eficaz y diligente, conforme a estándares internacionales, los hechos que motivaron la presente recomendación y propiciar la ejecución de la orden de aprehensión emitida contra los mencionados policías municipales; colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la Contraloría General de esa Fiscalía, para iniciar procedimiento administrativo contra los funcionarios que vulneraron derechos humanos.
Al alcalde de Tila se le solicitó realizar un diagnóstico de seguridad en el ayuntamiento, en coordinación con autoridades competentes del estado de Chiapas, en que se establezcan de manera puntual y específica los perfiles que deberán cumplir los agentes de la policía municipal.
El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, quien acompañó a los familiares de la víctima desde su desaparición forzada, se congratuló hoy por la recomendación de la CNDH y dijo que una vez más se prueba la negligencia de los cuerpos policiacos estales, de los cuerpos de procuración y administración de justicia en la entidad.
El Comité de Derechos Humanos dijo que ya fue notificado por la propia CNDH por esta recomendación, como representantes de los familiares de Tony Reynaldo Gutiérrez López.
Sin embargo, hasta este momento no han recibido información en el sentido de la aceptación de la recomendación por parte de la Fiscalía General de Chiapas y el ayuntamiento de Tila, una vez que ha pasado el plazo legal para que respondieran.
Recordaron que, con relación a este caso, la comisión permanente del Congreso de la Unión aprobó el 5 de julio de 2017 la siguiente resolución:
“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, y a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para que continúen con las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos relacionados con el homicidio del señor Tony Reynaldo Gutiérrez López.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Chiapas para que refuerce las condiciones de seguridad a la familia del C. Tony Reynaldo Gutiérrez López”.
“Resulta sumamente grave que a pesar de los llamados de la CNDH y la Comisión permanente del Congreso de la Unión para investigar y esclarecer las circunstancias de la desaparición forzada, tortura y ejecución de Tony Reynaldo Gutiérrez López y de que se tomaran medidas tendientes a proteger la vida de sus familiares y abogados, el gobierno de Chiapas no haya hecho nada y los haya dejado en total vulnerabilidad ante amenazas de muerte provenientes desde el ayuntamiento (de Tila) y paramilitares del PVEM y Paz y Justicia”, dijo el organismo defensor de los derechos humanos.
(Con información de Diario Contra Poder en Chiapas)
