Gobierno de Chiapas criminaliza a trabajadores del sector salud
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció una campaña de persecución judicial por parte de la Fiscalía General (FG) del estado contra enfermeras y trabajadores del sector salud que mantuvieron una larga jornada de protestas, entre ellas una huelga de hambre el año pasado, donde exhibieron la crisis en todo el sistema hospitalario de Chiapas.
El Frayba dijo que el gobierno de Chiapas criminaliza a quienes defienden el derecho a la salud, pues fue detenido y privado de su libertad, el activista y trabajador del sector salud, Límbano Domínguez Alegría, y ha iniciado un hostigamiento judicial contra María de Jesús Espinosa de los Santos, enfermera que estuvo en huelga de hambre, así como contra Víctor Hugo Zavaleta Ruiz y Humberto Gutiérrez Medina.
La detención de Domínguez Alegría ocurrió el 9 de enero en esta capital y fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social No. 14 El Amate en Cintalapa, acusado por la Fiscalía General del delito de motín en agravio de la sociedad, en la causa penal 627/2017.
María de Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz y Humberto Gutiérrez Medina, integrantes del sindicato del sector salud de Chiapas, cuentan con órdenes de aprehensión desde el pasado 29 de diciembre por el mismo delito.
El Frayba dijo que la criminalización se relaciona con las huelgas de hambre y la movilización que iniciaron cinco enfermeras el 3 de abril de 2017, para denunciar la corrupción y crisis del sistema de Salud en Chiapas.
El organismo recordó que durante abril de 2017 se llevaron a cabo reuniones con el gobierno del estado, encabezado por el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, con la finalidad de que se atendieran las demandas de las trabajadoras y trabajadores del sector salud consistentes en: abasto de medicinas, mejorar las condiciones de trabajo en infraestructura y utensilios necesarios para la atención, así como denunciar la situación de corrupción y mala administración a cargo del secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, y del gobierno del estado, que ocasionaron y desviaron fondos relacionados con préstamos a los trabajadores, Infonavit, pago de salarios y prestaciones, entre otros.
El organismo defensor de los derechos humanos dijo que el estado de Chiapas rebasa la media nacional en muerte materna e infantil, tuberculosis, desnutrición, entre otras enfermedades curables. La entidad tiene los estándares y niveles más bajos de calidad, situación que se evidenció a partir de las dos huelgas de hambre de las enfermeras.
Recordó que la primera huelga de hambre de las enfermeras duró 10 días y la segunda 23.
Derivado de la movilización por sus derechos, las trabajadoras y trabajadores del sector salud lograron que se firmaran dos minutas de trabajo con la representación del gobierno de Manuel Velasco Coello.
El 24 de mayo de 2017 la Asamblea de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, expresó: “Pedimos al gobierno que los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo se cumplan adecuadamente, para que haya soluciones verdaderas en cada centro de salud y en los hospitales; pedimos que las enfermeras que estuvieron en la huelga de hambre retornen de manera normal a sus trabajos y que no sean perseguidas ni criminalizadas por su lucha”.
El Frayba reiteró hoy que la privación arbitraria de la libertad es una violación de derechos humanos y que los actos de hostigamiento judicial hacia quienes ejercen su derecho de libre expresión, movilización y reunión configuran una situación de represión y criminalización que contraviene los artículos 9°, 123 y 133 de la Constitución y el artículo 10 del Protocolo de San Salvador.
Por ello exigió al gobierno del estado la libertad y el cese de la criminalización a quienes defienden sus derechos laborales y el derecho a la salud.
(Con información de Diario Contra Poder en Chiapas)
