Exigen a Rutilio Escandón la liberación de activista

Lorena Campos Amaya ha contribuido por más de 10 años en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en Chiapas

Más de un centenar de feministas, ambientalistas y defensores de derechos humanos exigieron al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a la Fiscalía General del estado (FGE) y al Poder Judicial, la liberación de la activista Lorena Campos Amaya, presa en el penal del Amate por presuntos actos de corrupción.

Amigos, familiares y activistas solidarios con la detenida señalaron que Campos Amaya, maestra en Estudios Culturales, ha contribuido por más de 10 años en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en Chiapas.

Ha trabajado de forma particular en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, viajando y visitando diversas comunidades y municipios del estado para aportar en la prevención del embarazo en niñas y adolescentes, la violencia sexual y el reconocimiento y acceso a servicios dignos de salud, recalcaron.

“De ella nos consta su profesionalismo, capacidad, honestidad y solidaridad para con la causa de las mujeres, las personas jóvenes y adolescentes, población con la que a lo largo de todos estos años ha trabajado, tanto desde la sociedad civil como desde la academia y espacios en los que ha contribuido”, manifestaron los firmantes en una carta para exigir su libertad.

En 2016, recordaron, Lorena Campos fue galardonada, junto con la organización a la que pertenece, al Premio Nacional de la Juventud en la distinción de Derechos Humanos, por la trayectoria y trabajo comprometido que la respaldan.

Los activistas y una decena de organizaciones civiles expresaron su total respaldo, solidaridad y apoyo a la activista y feminista, y exigieron a la FGE una investigación clara y con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos de la detenida.

Lorena fue detenida el pasado jueves 13, junto con su hermano Geovanni Alexander Campos Amaya, exsubsecretario de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría General de Gobierno, y otros tres exservidores públicos, por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones y facultades.

(Con información de Diario Contra Poder en Chiapas)

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