Destruyen campamentos de refugiados chiapanecos
Hermelindo García Niñez, Síndico de Chalchuitán, militante del Partido Acción Nacional, es señalado como el perpetrador
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El Comité de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” alertó de la destrucción de nueve campamentos que eran refugio 1146 personas en desplazamiento forzado de Chalchihuitán.
Hermelindo García Niñez, Síndico Municipal de Chalchuitán, militante del Partido Acción Nacional (PAN), es señalado como el perpetrador de la destrucción de campamentos amenazas hacia las personas desplazadas, según un comunicado.
El día 21 de diciembre entre las 14:00 y 17:00, 238 familias desplazadas en los campamentos Barrio Shishimtotik, Tulantik, Ch’enmut, Bololchojon, Cruz K’ak’anam, Jolcantetik, Cruzton, Bejelton y de Barrio Pom, perdieron las pocas pertenencias que tenían en las viviendas hechas de plástico, madera y algunas con láminas. Así mismo, fueron derribaron baños construidos con donaciones de organizaciones solidarias como Cáritas.
La población en su mayoría mujeres, niñas y niños, se desplazó nuevamente después de la agresión e intimidación. Familias les prestaron espacios, pero existe la amenaza de expulsarles de sus comunidades. Testimonios refieren que autoridades comunitarias amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intenten ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.
Al menos 1237 personas permanecen en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sin poder retornar a sus casas y parcelas de manera definitiva porque sus terrenos se encuentran en los límites del conflicto donde grupos armados provenientes de Chenalhó, mantienen disparos que se intensifican en las madrugadas.
A más de un año del desplazamiento forzado masivo de comunidades integrantes del pueblo tsotsil de Chalchihuitán, Chiapas, la situación es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano.
El gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a población desplazada y contraviene la medida cautelar No. 882-17 que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2018, “para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas, desde noviembre de 2017”.1
Por lo anterior, el “Frayba” pidió al Estado mexicano:
• Garantizar la seguridad, integridad y vida de la población en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas.
• Detener las amenazas y agresiones provenientes de Hermelindo García Núñez, Síndico Municipal de Chalchiuitán en contra de representantes del Comité Chalchihuite.
• Atender de manera integral y acorde a los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de las Naciones Unidas el desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas.
(Con información de Sin Embargo)
