Crisis institucional causa de exclusión de damnificados
A un año y dos meses de las afectaciones por el sismo de 8.2, aún existen damnificados que continúan esperando el apoyo gubernamental para reparar o reconstruir sus viviendas; en su mayoría, pertenecen a grupos vulnerables como adultos mayores, niños y niñas, personas discapacitadas o en pobreza extrema, quienes fueron excluidos de los padrones de beneficiarios del Fonden por la ineficiente integración de los censos de damnificados y la presentación extemporánea de los reportes de afectación, ante la secretaria de Desarrollo agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Juan “N”, el segundo de cuatro menores de edad y un adolescente, habitante de la colonia FOVISSSTE II–Jardín Corona de Tuxtla Gutiérrez, reportó a la Secretaría municipal de Protección Civil los daños ocasionados a su vivienda, solicitando el apoyo gubernamental para reconstruirla y evitar el colapso; sin embargo, nunca acudió personal de la dependencia del ayuntamiento capitalino y con ello se les impidió el acceso a los apoyos gubernamentales.
Dio a conocer que en el mes de febrero su madre falleció por motivos de salud y han quedado desprotegidos, sin que las autoridades les hayan prestado atención humanitaria, por lo que corren el riesgo de perder el único patrimonio que sus padres les heredaron.
A través de la Asociación Civil Investigación y Litigio de los Derechos Humanos, los jóvenes han recibido asesoría para emprender los medios legales y administrativos, para exigir a las autoridades los apoyos gubernamentales que reconoce la Ley General de Protección Civil y la particular del Estado de Chiapas; por lo que a través de las gestiones realizadas por las víctimas, hoy las autoridades han reconocido que pese a existir un folio que ampara la solicitud de apoyo de la familia, Protección Civil municipal nunca remitió el reporte afectación de la vivienda a la Sedatu, por lo que no fueron beneficiados con los recursos del Fonden.
En ese sentido, Promotora de Vivienda Chiapas ha solicitado recursos para ayudar a quienes no han recibido los apoyos de reconstrucción, también ha reconocido que en el padrón de rezagados se encuentra la familia de Juan.
Los afectados dijeron que la ineficiencia en la integración de los censos de damnificados y la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos destinados a la reconstrucción, han sido constantes estructurales que impiden la oportuna y debida atención de las personas afectadas por los fenómenos naturales de gran magnitud.
“Ésta situación implica qué quienes vivimos en zonas sísmicas, como el Estado de Chiapas, nos encontramos en constante vulnerabilidad, no solo ante un movimiento geológico, sino también ante las omisiones de los tres órdenes de gobierno en la protección de los Derechos Humanos”, manifestó el afectado.
En este mismo tenor los afectados dijeron que, es importante que la nueva administración estatal adecue el marco normativo para establecer claramente cuáles son los derechos de las personas damnificadas; implementar mecanismos para que éstas participen en la conformación y evaluación de las políticas públicas de reconstrucción; y se formule un Programa de Reconstrucción que contenga medios administrativos para que las victimas hagan valer sus derechos y exista una efectiva rendición de cuentas de los recursos públicos destinados para tal efecto.
(Con información de Diario Contra Poder en Chiapas)
