Chenaló, violencia paramilitar: muertos y desplazados
En Chenalhó, de lustros atrás existe una profunda polaridad social, que no ha sido aquilatada en su justa dimensión por el actual gobierno de Chiapas, y las aguas llegaron a un nivel en el que la violencia generada por los grupos paramilitares ya produjo varios muertos y cientos de desplazados.
En diciembre de 1977, ya hubo en Chenalhó una masacre que el gobierno tampoco atendió con la celeridad debida y eso ocasionó la renuncia del gobernador en turno, Julio César Ruíz Ferro. Paradójicamente el mismo grupo paramilitar que ocasionó la masacre de Acteal es el mismo que ha provocado los enfrentamientos y los desplazamientos forzados de grupos de familia en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, sin que el Estado mexicano ponga un alto a esta situación y tome las medidas preventivas para evitar más enfrentamientos, investigue los hechos de todos estos acontecimientos aplique las sanciones legales a los responsables de los asesinatos y desplazamientos y tome las medidas para garantizar la no repetición de estos lamentables hechos.
Son muchos avisos de violencia los que se han presentado en el último año en Chenalhó y el Estado continúa desestimando el clima de agravios, conflicto y de tensión social que prevalece en ese lugar, en el que la autoridad gubernamental ha sido omisa y ahora es directamente responsable de cualquier hecho de sangre que se presente en este municipio. Las condiciones de violencia no han cambiado aún y con las medidas preventivas que emitió en días pasados la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es importante mencionar que en Chenalhó existen en la actualidad tres formas de gobierno diferentes. Hay un municipio autónomo zapatista, en Polhó; existe el gobierno del pueblo creyente de la comunidad de Las Abejas en Acteal y existe el municipio constitucional, que desde las elecciones del 2015, se encuentra bajo disputa entre la presidenta electa Rosa Pérez y las huestes de Miguel Santiz, quien desempeñaba el papel de síndico y que fue nombrado presidente sustituto cuando se forzó a Rosa Pérez a renunciar.
Junto a estas tres formas de gobierno, que implican en sí ya un grado extremo de tensión y polaridad, existe una sociedad dividida por la religión, en donde hay una mayoría evangélica, sobre una población católica disminuida y asediada, sobre todo en Acteal, pero ahora se le agrega un ingrediente adicional, que los enfrentamientos también se están dando entre los grupos evangélicos -los desplazados de Chenalhó que retornaron en su platón frente al palacio de gobierno son Pentecostés-.
Pese a esta grave situación, el gobierno estatal no ha tomado las acciones pertinentes –de prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño-, para procurar la gobernabilidad en esa región y se encuentra en una condición omisa frente a los asesinatos y agresiones que se han presentado por parte del grupo paramilitar en contra de pobladores de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.
Al respecto, ya se ha señalado con anterioridad, que en Chiapas la autoridad responsable para establecer los mecanismos que permitan el retorno se los desplazados así como la construcción de acuerdos para el logro de la paz es la secretaría general de gobierno, a cargo de Juan Carlos Gómez Aranda, quien ha incumplido en reiteradas ocasiones con las responsabilidades a su cargo, y que ahora es acusado de mentiroso y de incumplir con los acuerdos tomados con los desplazados de Chenalhó.
La desatención a los grupos de desplazados está generando la peor crisis humanitaria en Chiapas, pero eso no le importa a la autoridad estatal, que mantiene una actitud de aquiescencia hacia los grupos paramilitares de Chenalhó.
(Con información de Diario Contra Poder en Chiapas)
